En una decisión que sacude el panorama energético de la región Caribe, el Consejo de Estado ordenó al Ministerio de Minas y Energía y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) revisar y modificar las fórmulas tarifarias del servicio de energía eléctrica. El fallo, emitido en respuesta a una acción popular presentada en 2022 por las personerías de Santa Marta, Barranquilla y Riohacha, no implica una rebaja inmediata en las facturas, pero obliga a las entidades a adelantar los procedimientos administrativos necesarios para ajustar los componentes tarifarios, especialmente el tratamiento de las pérdidas de energía. La decisión busca proteger derechos colectivos y garantizar un precio justo para los usuarios de los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde el costo de la electricidad ha sido motivo de constantes reclamos.
Un problema estructural que afecta a millones
El trasfondo de esta orden judicial es el régimen transitorio especial que se implementó tras la intervención de Electricaribe, la empresa que hasta hace unos años prestaba el servicio en la región. En ese contexto, las personerías distritales cuestionaron las condiciones del servicio y el alto costo de la energía, señalando que los usuarios que pagan están asumiendo costos desproporcionados por el deterioro del sistema, la falta de inversiones en infraestructura y las elevadas pérdidas técnicas y no técnicas. El Consejo de Estado coincidió en que las tarifas en el Caribe no deben ser desproporcionadas frente al promedio nacional, y por eso exige a la Creg y al Ministerio verificar las pérdidas reales, evaluar las inversiones realizadas, combatir las conexiones ilegales y garantizar una medición adecuada del consumo. La región, caracterizada por altas temperaturas que incrementan el uso de aire acondicionado y ventiladores, ha sido históricamente escenario de protestas y demandas de organizaciones sociales y autoridades locales que exigen una solución definitiva al problema tarifario.
Aunque el fallo no fija plazos concretos ni establece porcentajes de reducción, sí marca un hito al ratificar que los usuarios caribeños no pueden seguir cargando con los costos de la ineficiencia y la falta de control sobre las pérdidas de energía. El Ministerio de Minas y Energía y la Creg deberán ahora culminar las actuaciones administrativas que permitan modificar las fórmulas tarifarias, en un proceso que se espera sea seguido de cerca por las comunidades y los gobiernos locales. La decisión del alto tribunal reabre el debate sobre la necesidad de una reforma estructural del esquema eléctrico en la costa Atlántica, donde el acceso a un servicio digno y a un precio justo sigue siendo una deuda pendiente.
