El Consejo de Estado será el encargado de evaluar las demandas de nulidad presentadas por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, contra la Resolución 00072 emitida el 27 de marzo de 2026 por la fiscal general, Luz Adriana Camargo. Esta resolución suspendió temporalmente las órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales en el Valle de Aburrá, Rionegro y zonas aledañas a Medellín, como parte del proceso de “Paz Urbana”. Las demandas incluyen una solicitud de medida cautelar urgente para dejar sin efectos la resolución de inmediato mientras se estudia su legalidad.
De los 23 beneficiados, siete ya se encontraban en libertad antes de la resolución, entre ellos Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero; Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés D’maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo; y Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica. Los restantes 16 están recluidos, principalmente en la cárcel de Itagüí. La suspensión tiene una vigencia inicial de seis meses, prorrogables, y busca facilitar la participación de estos voceros en el Espacio de Conversación Sociojurídico. El trámite en el Consejo de Estado podría tomar hasta dos meses para decidir sobre la medida cautelar y hasta un año para un fallo definitivo.
Cuestionamientos a la legalidad en el marco de la Paz Urbana
Las demandas inician un control judicial de legalidad sobre este acto administrativo, con posibles escenarios como la admisión de las acciones, una suspensión provisional o un fallo de fondo que anule o mantenga la resolución. El anuncio de estas demandas por parte de Rendón y Bedout responde a cuestionamientos sobre la procedencia de la medida en el contexto de los diálogos para la “Paz Urbana”, impulsados para reducir la violencia en Medellín y el área metropolitana.
«Solicitamos una medida cautelar urgente para que esta resolución quede sin efectos de manera inmediata, mientras se estudia su nulidad».
Alejandro de Bedout, presidente del Concejo de Medellín
La Fiscalía y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz han reiterado que la resolución no implica una liberación automática de los implicados, sino una suspensión temporal de las capturas para permitir su involucramiento en las mesas de diálogo. Este desarrollo jurídico genera expectación en Bogotá y Antioquia, donde se espera que el Consejo de Estado resuelva pronto sobre la solicitud de medida cautelar y marque el rumbo del controvertido proceso de paz con estructuras criminales.
