El Consejo de Estado de Colombia suspendió provisionalmente el Decreto 1469 de 2025, que establecía un aumento del 23 por ciento, o más precisamente del 23,7 por ciento, al salario mínimo para el año 2026, en medio de un debate encendido sobre sus implicaciones económicas y jurídicas. Esta medida, impulsada por el Gobierno nacional, obliga ahora a la administración a expedir un nuevo acto administrativo transitorio, mientras expertos como Raddar Consumer Knowledge Group, con base en datos del Ministerio de Trabajo y el Dane, analizan sus efectos en el poder adquisitivo, las brechas salariales y el empleo en un país marcado por altos niveles de informalidad laboral.
Representando el mayor incremento al salario mínimo en las últimas tres décadas, el decreto generó controversia por sus proyecciones: una variación real del 16,2 por ciento para 2026, por encima del crecimiento del salario promedio real que alcanza el 4,78 por ciento en el sector informal y el 3,69 por ciento en el formal, frente a una inflación estimada en 6,18 por ciento. Según el análisis de Raddar, los ingresos promedio en 2026 situarían a los trabajadores informales en apenas 0,60 salarios mínimos, un 40,32 por ciento por debajo del mínimo, mientras los formales percibirían 1,31 salarios mínimos, lo que equivale a un 50 por ciento por encima, acentuando así las brechas entre ambos sectores.
Impactos en el poder adquisitivo y costos laborales
La suspensión provisional profundiza el debate sobre cómo este aumento beneficiaría de manera relativa a los trabajadores en el umbral del salario mínimo, al tiempo que genera presiones en los costos laborales para empresas intensivas en mano de obra, especialmente en sectores como el inmobiliario, la construcción, los hoteles y los restaurantes. En un mercado laboral colombiano caracterizado por la alta informalidad, estos cambios podrían alterar el poder adquisitivo del salario mínimo y agravar las disparidades económicas entre formales e informales.
Con esta decisión del Consejo de Estado, el Gobierno debe actuar con rapidez para emitir un nuevo decreto transitorio, mientras persiste la discusión sobre los efectos a largo plazo en el empleo y la equidad salarial en Colombia, un tema que sigue polarizando opiniones en el ámbito económico y jurídico nacional.
