El Consejo de Estado de Colombia suspendió provisionalmente el aumento del 23,7 por ciento al salario mínimo para 2026, establecido en el Decreto 1469 de 2025, lo que genera una gran incertidumbre sobre las tarifas de TransMilenio en Bogotá. Esta decisión judicial, motivada por fallas en los requisitos legales para el cálculo del incremento salarial que lo llevaría a dos millones de pesos, pone en jaque el alza tarifaria anunciada por la Alcaldía de Bogotá, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, para el sistema de transporte masivo que incluye TransMilenio, TransMiCable y TransMiZonal, fijada en 3.550 pesos, un aumento de 350 pesos o el 10,9 por ciento.
Los contratos de concesión del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) obligan a actualizar las tarifas basándose en variables económicas como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el salario mínimo, el precio del Acpm y el Gas Natural Vehicular (GNV). Mientras el IPC registró un 5,3 por ciento anual, el Acpm varió más del 15 por ciento entre octubre de 2024 y octubre de 2025, y el GNV superó el 10 por ciento con un riesgo superior al 50 por ciento para 2026. La suspensión deja en vilo estas actualizaciones, afectando los costos operativos del SITP y el Fondo de Estabilización Tarifaria, con posibles recortes en la oferta de servicio, intervalos más largos y menor confiabilidad si no se ajustan las cifras.
Cuestionamientos de concejales a la Alcaldía
Concejales como Heidy Sánchez Barreto y Julián Espinosa han cuestionado la coherencia de la Administración Distrital ante esta situación. Sánchez Barreto preguntó: “¿Se entiende con el pronunciamiento del Consejo de Estado que las decisiones administrativas basadas en el aumento del 23 por ciento del salario mínimo también se deben suspender y ajustar? Porque, así como argumentaron para subirle, igualmente, al alcalde Carlos Fernando Galán, el pasaje de Transmilenio y el resto del Sitp también debería ajustarse acorde a las nuevas decisiones”. Espinosa añadió: “Eso es actuar con coherencia y responsabilidad ante los bogotanos”.
“Cada vez que la clase trabajadora conquista un derecho, el poder económico reacciona. (…) No podemos permitir un ciclo de desmontaje de derechos en Colombia. Se requiere mayoría legislativa y un liderazgo en la Presidencia que defienda sin ambigüedades a trabajadores y trabajadoras”
Heidy Sánchez Barreto, cabildante
Hasta el momento, la Alcaldía de Bogotá no ha emitido pronunciamiento oficial sobre una posible revisión de las tarifas para 2026, en medio de un contexto donde el Consejo de Estado ordenó emitir un nuevo decreto con una ponderación adecuada de los factores legales. Esta suspensión reciente deja en suspenso no solo los ingresos de los operadores, sino también la estabilidad del servicio para millones de bogotanos que dependen del transporte público.
