El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto emitido por el Gobierno de Gustavo Petro que establecía un aumento del 23,7% en el salario mínimo para 2026 en Colombia, al considerar que no contaba con la justificación técnica requerida por la Ley 278 de 1996. Esta decisión obliga al Ejecutivo a expedir un nuevo decreto en un plazo de ocho días, mientras las empresas podrán continuar pagando el salario mínimo anterior hasta que se resuelva la situación. La medida afecta directamente a más de 2,5 millones de trabajadores en el país, perturbando sus ingresos mensuales y la economía de sus hogares, según las declaraciones del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
El decreto cuestionado se basó en criterios como el «salario vital» familiar y la «brecha de suficiencia material», en lugar de los parámetros legales estrictos de inflación más productividad establecidos en la normativa. Esta discrepancia llevó al alto tribunal a intervenir, en un contexto donde el Gobierno critica la decisión y el ministro Palma, desde el Caribe colombiano, ha defendido un aumento incluso superior al 23,7%, argumentando la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores durante décadas debido a políticas neoliberales anteriores. Además, Palma denunció la precariedad laboral y los altos salarios de la élite, que alcanzan los 50, 60 o 70 millones de pesos mensuales, y más de 50 millones en algunos casos, contrastando con la brecha del 53,8% entre el salario mínimo y la productividad entre 1996 y 2025.
Reacciones del Gobierno y la CUT
El ministro Edwin Palma reaccionó con vehemencia al fallo del Consejo de Estado, cuestionando su ponderación de factores y destacando que la brecha entre salario mínimo y productividad ha caído un 53,8% en tres décadas. En su defensa del decreto, Palma convocó a los colombianos a manifestarse en las calles contra la decisión judicial, que afectaría el bolsillo de millones de trabajadores.
“Leí la decisión del Consejo de Estado para poder hacer algunas reflexiones y se equivoca porque hubo una mala ponderación de los factores a la hora de construir el salario mínimo y olvida, por ejemplo, que entre 1996 y el año 2025 la brecha cayó entre el salario mínimo y la productividad, es alrededor del 53,8%”
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía
Palma insistió en que los trabajadores han perdido poder adquisitivo pese al aumento de la productividad, y que solo con ese parámetro justificaría un incremento mayor al 23%.
“los trabajadores han perdido durante las últimas décadas el poder adquisitivo, ha aumentado la productividad, pero el salario mínimo ha estado estancado producto de decisiones políticas neoliberales de los gobiernos que nos antecedieron, solo con este parámetro de productividad diera para aumentar más del 23% el salario mínimo”
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía
“Convoco a los colombianos para salir a las calles a expresarse y manifestarse ante el fallo del alto tribunal que afectaría el bolsillo de más de 2,5 millones de trabajadores del país, perturbando la economía de sus hogares y disminuyendo sustancialmente sus ingresos mensuales que fueron dignificados por el Gobierno nacional empezando el año”
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía
Por su parte, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), respaldó la postura gubernamental, defendiendo la discrecionalidad del Ejecutivo en ausencia de acuerdo en la mesa de concertación y cuestionando la rigidez del fallo.
“Si le creemos al Consejo de Estado, cada Gobierno solo usaría la fórmula de inflación + productividad para aumentar el salario mínimo y fin del asunto. Si eso fuera así, pues para qué mesa de concertación”
Fabio Arias, presidente de la CUT
El presidente Gustavo Petro tiene prevista una alocución el 15 de febrero para abordar el tema, en medio de tensiones entre el Ejecutivo y el Consejo de Estado. Mientras tanto, el Gobierno critica la influencia de sectores poderosos y exige un nuevo decreto que dignifique los salarios, en un debate que pone en el centro la concertación salarial y la aplicación estricta de la ley en Colombia.
