El Consejo de Estado de Colombia suspendió el Decreto 415 de 2026 emitido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que pretendía trasladar 25 billones de pesos de fondos de pensiones administrados por las AFP hacia Colpensiones. La decisión, con ponencia del magistrado Juan Enrique Bedoya, se tomó recientemente al aceptar una demanda que argumentaba el exceso de la potestad reglamentaria del Ejecutivo, al violar la separación de poderes y usurpar competencias exclusivas del Congreso para definir el destino y administración de estos recursos pensionales. La medida afecta directamente a unos 120.000 afiliados que ya habían trasladado sus ahorros a Colpensiones.
De los 25 billones de pesos en cuestión, cinco billones corresponden a quienes ya accedieron a su pensión y 20 billones a afiliados pendientes de esta prestación. Esta suspensión surge en un contexto marcado por la declaratoria de inexequibilidad parcial de la Ley 2381 de 2024 por parte de la Corte Constitucional, lo que generó un vacío jurídico que el decreto gubernamental intentaba llenar. Sin embargo, el Fondo del Pilar Contributivo previsto en esa ley aún no existe, por lo que los fondos deben permanecer en las AFP hasta la consolidación del derecho pensional o la creación efectiva del fondo mediante ley, sin que el pago de las pensiones quede comprometido.
Expertos celebran la defensa del Estado de derecho
La ruling del Consejo de Estado ha sido destacada por juristas como un baluarte en la protección de la separación de poderes, especialmente en un momento de alta tensión electoral. El Gobierno nacional había intentado subsanar problemas de caja económica mediante este decreto, pero la alta corte lo frenó al considerar que mover saldos pensionales por decreto no resuelve la sostenibilidad del sistema y solo el orden normativo protege verdaderamente a los pensionados.
«La suspensión protege el marco jurídico y evita un desvío ilegal de recursos»
Kevin Hartmann, abogado, socio de Hartmann Asociados
«Definir quién administra los ahorros pensionales solo lo puede hacer el Congreso, no el Gobierno por decreto»
Juliana Morad, directora del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana
«Mover saldos por decreto no resuelve los problemas de sostenibilidad; es el orden normativo el que protege a los pensionados»
Kevin Hartmann, abogado, socio de Hartmann Asociados
«El Consejo de Estado ha demostrado ser una de las instituciones más serias en la defensa del Estado de derecho»
Camilo Cuervo, socio en Holland & Knight
«El Gobierno nacional intentó subsanar sus problemas económicos y de caja vía decreto»
Christian Quiñónez, exsubdirector de fiscalización de la Dian
En respuesta a la decisión, el presidente Petro criticó públicamente al magistrado ponente Juan Enrique Bedoya a través de su cuenta en X, avivando el debate sobre los límites del poder Ejecutivo en materia pensional. Esta suspensión provisional reafirma la vigencia de los controles judiciales en Colombia y deja en el aire el futuro de la reforma pensional impulsada por el Gobierno.
