El Consejo de Estado emitió un fallo que deja en suspenso temporal el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro, el cual pretendía eliminar la prima de servicios especiales de 18 millones de pesos que perciben los congresistas. La medida cautelar adoptada por el alto tribunal mantiene, mientras se resuelve el fondo de la discusión jurídica, el salario neto de los parlamentarios por encima de los 32 millones de pesos. La decisión fue recibida con duras críticas por parte del abogado y veedor Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia y la Contraloría de Antioquia, quien durante 13 años ha librado una batalla legal contra este beneficio.
Bustos, quien presentó la demanda original contra la prima hace más de una década sin que aún reciba un fallo definitivo, calificó la situación como «indignante para la democracia». El veedor señaló que la agilidad con la que el Consejo de Estado actuó para suspender el decreto del Gobierno contrasta fuertemente con la lentitud para resolver su demanda, que data del año 2011 aproximadamente. Según sus cálculos, el costo acumulado de esta prima para el erario público durante estos 13 años supera el billón de pesos. «Lo que sí resulta paradójico es que, mientras que nuestra demanda de hace 13 años no ha sido fallada, ahora sí, en un procedimiento exprés, se mantienen esos beneficios», declaró Bustos, evidenciando su frustración ante la disparidad de tiempos judiciales.
Un beneficio que califican de «compra del Congreso»
La polémica prima, creada en 2013 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, ha sido señalada por el veedor como una estrategia para cooptar al poder legislativo. Para Bustos, este beneficio económico no es más que un mecanismo para «comprar el Congreso de turno» y, hacia futuro, congraciarse con la clase política. El abogado advirtió además sobre un posible conflicto de intereses institucional, al considerar que la rama judicial actúa como «juez y parte» en esta controversia, ya que las decisiones sobre los ingresos de los congresistas impactan directamente en las altas esferas judiciales y de los organismos de control. En sus palabras, «de última, la rama, como un todo, actúa como juez y parte porque está hablando de sus propios beneficios e ingresos económicos a las más altas esferas», lo que genera un «efecto cascada» que vincula los salarios de varios poderes del Estado.
«Ese beneficio que se otorgó, en últimas era para comprar el Congreso de turno y, hacia futuro, congraciarse con la clase política»
Pablo Bustos, abogado y veedor
Bustos se mostró pesimista sobre el futuro del proceso, estimando que este nuevo debate jurídico podría prolongar aún más la vigencia del beneficio. El veedor concluyó con una reflexión crítica sobre el sistema político colombiano, afirmando que con decisiones como esta «lo que se institucionaliza es que este no se convirtió en un espacio de servicio público, sino un espacio al servicio personal a expensas de lo público». La decisión del Consejo de Estado, que es una medida cautelar y no una sentencia definitiva, mantiene en vilo la discusión sobre los elevados salarios del Congreso y abre un nuevo capítulo en la larga controversia que rodea a estos ingresos privilegiados.
