El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, ha advertido sobre serios riesgos fiscales y jurídicos tras la suspensión del Decreto 0415 por parte del Consejo de Estado, una decisión judicial reciente que frenó el traslado de 25 billones de pesos desde las administradoras de fondos de pensiones (AFP) hacia Colpensiones. Esta medida, impulsada inicialmente por el Ministerio del Trabajo, pretendía mover recursos pensionales de afiliados, pero ahora se ha reducido drásticamente a solo cinco billones de pesos, afectando a más de 120.000 personas que ya habían consolidado su derecho a pensión.
La suspensión del decreto valida las alertas previas de la Contraloría, que cuestionaron su ajuste a la reforma pensional establecida en la Ley 2381 de 2024, particularmente el artículo 76, el cual exige que los recursos permanezcan en los fondos privados hasta el reconocimiento efectivo del derecho pensional. Según el análisis jurídico y actuarial realizado por la entidad, el traslado anticipado generaba presiones sobre las finanzas públicas al asumir obligaciones sin el respaldo completo del ahorro individual, con riesgos adicionales como el uso de estos fondos para gasto corriente y la reversión de la pirámide pensional prevista a partir de 2036.
La Contraloría ratifica sus alertas oportunas
En diálogo con el medio El Tiempo, Rodríguez enfatizó que la decisión del Consejo de Estado corrige sustancialmente el alcance de la medida, alineándose con la lógica estructural del sistema pensional colombiano. Los recursos en las AFP no solo generan rentabilidad, sino que también financian proyectos clave para el país, y su movimiento prematuro podría comprometer la seguridad jurídica y el sistema financiero en general.
“La Contraloría General de la República cumplió con su deber constitucional al advertir, de manera oportuna y técnica, los riesgos asociados a un traslado anticipado de recursos pensionales desde las AFP hacia Colpensiones. A través de un análisis sustentado en el marco jurídico vigente y en criterios de sostenibilidad fiscal”.
Carlos Hernán Rodríguez, Contralor General de la República
El contralor subrayó la importancia de proteger estos ahorros, que corresponden exclusivamente a afiliados con derechos pensionales ya consolidados durante el proceso de traslado de régimen. “Hoy, con la suspensión del Decreto 0415, por parte del Consejo de Estado, esas alertas no solo se ratifican, sino que conducen a una corrección sustancial en el alcance de la medida”, agregó, al tiempo que alertó: “Si el Estado comienza a asumir obligaciones pensionales sin el respaldo completo del ahorro que las soporta, se genera una presión adicional sobre las finanzas públicas”.
“Esto es fundamental ya que esos recursos corresponden exclusivamente a afiliados que ya cumplieron su derecho a pensión dentro del proceso de traslado de régimen”.
Carlos Hernán Rodríguez, Contralor General de la República
En respuesta a esta situación, la Contraloría intensificará sus controles preventivo, concomitante y posterior, incluyendo auditorías exhaustivas al uso de los recursos trasladados. Esta postura se enmarca en el contexto de la reforma pensional de 2024 y busca garantizar la sostenibilidad del sistema, según información de fuentes como Colprensa, Visuales IAR, Infobae y REUTERS/Luis Jaime Acosta. “Esto se alinea plenamente con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 y con la lógica estructural del sistema pensional”, concluyó Rodríguez.
