Consejo de Estado suspende patrimonio de sombrero de Pizarro; hija impulsa ley

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La excongresista María José Pizarro, hija del excomandante del M-19 Carlos Pizarro, anunció que impulsará un proyecto de ley en el Congreso para que el sombrero de su padre sea declarado patrimonio cultural de la Nación, luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente la Resolución 218 de 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que había otorgado ese reconocimiento. La medida cautelar, fechada el 30 de septiembre de 2026, fue adoptada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal, que consideró que el Ministerio utilizó un “procedimiento equivocado” al no contar con el concepto del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, tal como lo exige el artículo 8 de la Ley 397 de 1997, y al no haber evaluado un Plan Especial de Manejo y Protección.

En la providencia, el Consejo de Estado señaló que “prima facie, el despacho considera que le asiste razón a la parte actora en el argumento principal […] esto es, que el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes no contaba con la facultad para reconocer el sombrero de Carlos Pizarro como patrimonio cultural de la Nación a través de un acto administrativo expedido al margen del procedimiento previsto para la declaratoria de bienes de interés cultural”. La resolución suspendida, expedida el 17 de junio de 2024, había generado polémica entre defensores del legado del líder guerrillero y sectores que cuestionaban la competencia del Ejecutivo para declarar patrimonio cultural un objeto ligado a un excomandante del M-19, el grupo que firmó la paz en 1990 tras 36 años de conflicto.

Carlos Pizarro, quien fue comandante máximo de esa guerrilla, encabezó los diálogos de paz que llevaron a la desmovilización y firmó el acuerdo en 1990. Apenas 48 días después, cuando era candidato presidencial, fue asesinado en un vuelo comercial en medio de lo que su hija atribuye a una alianza entre paramilitares y agentes del Estado. El sombrero, que lo acompañó durante las negociaciones de paz y el día de su asesinato, se convirtió en un símbolo del proceso de reconciliación. “Este sombrero nunca estuvo en la guerra”, ha dicho María José Pizarro, quien insiste en que los integrantes del M-19 “jamás volvieron a las armas” tras la desmovilización.

Impulso legislativo para garantizar el reconocimiento

Ante el revés judicial, la excongresista anunció que pidió a la bancada del Pacto Histórico y a otros congresistas que apoyen una iniciativa legislativa que declare el sombrero de Carlos Pizarro como patrimonio cultural colombiano, con el fin de que la discusión de fondo se traslade al Congreso y no dependa exclusivamente de decisiones administrativas. “El tribunal no cuestionó lo que significa este sombrero”, afirmó Pizarro, “el ministerio usó una figura equivocada y que no siguió el procedimiento que exige la ley”. Por eso, agregó, “demos la discusión de fondo sobre el derecho a la paz, a la libertad de pensamiento y a la democracia”.

“El tribunal no cuestionó lo que significa este sombrero. El ministerio usó una figura equivocada y que no siguió el procedimiento que exige la ley. Demos la discusión de fondo sobre el derecho a la paz, a la libertad de pensamiento y a la democracia.”

María José Pizarro, excongresista e hija de Carlos Pizarro

La dirigente sostiene que el reconocimiento del sombrero como patrimonio no es un gesto simbólico vacío, sino una forma de valorar el proceso de paz que significó la entrega de armas y la apuesta por la democracia. “Jamás volvieron a las armas”, reiteró, en alusión a los excombatientes del M-19 que, tras la desmovilización, se integraron a la vida política. La decisión del Consejo de Estado, aclaró, no resuelve la legalidad definitiva del acto, sino que suspende temporalmente sus efectos mientras se estudia el fondo del asunto. Sin embargo, Pizarro considera que solo una ley del Congreso podrá blindar el reconocimiento ante futuros cuestionamientos judiciales y garantizar que el sombrero de Carlos Pizarro quede inscrito como un bien de interés cultural de la Nación, con todas las implicaciones de protección y memoria histórica que ello conlleva.

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