El Consejo de Estado suspendió de forma provisional la eliminación absoluta del período de prueba en los contratos de aprendizaje en Colombia, una medida cautelar adoptada desde el pasado 5 de octubre de 2026 que permite que empresas y aprendices vuelvan a pactar por escrito esta etapa inicial, con un límite máximo de dos meses, mientras se estudia la demanda de nulidad presentada contra el decreto reglamentario que excluía esta posibilidad. La decisión, impulsada por la magistrada ponente Elizabeth Becerra Cornejo, responde a la solicitud de los ciudadanos Yenny Lorena Fonseca Amado y Santiago González Maldonado, quienes cuestionaron el artículo 2.2.6.3.3.26 del Decreto 1072 de 2015, incorporado por el Decreto 223 de 2026, por considerar que este iba más allá de lo establecido en la ley al eliminar la opción de estipular un período de prueba, a pesar de que la reforma laboral de 2025 (Ley 2466) sometió estos contratos a las normas sustantivas del Código Sustantivo del Trabajo, donde dicha figura sí está contemplada.
El alto tribunal aclaró que la suspensión no implica que el período de prueba se presuma automáticamente al inicio del vínculo, ni autoriza a terminar cualquier contrato de aprendizaje sin que exista una cláusula válidamente pactada por escrito entre las partes. De esta forma, la decisión busca garantizar que la reglamentación no restrinja el ámbito de aplicación del régimen laboral general al que el propio legislador sometió esta modalidad contractual, que actualmente vincula a 260.351 aprendices en todo el país, según el registro del Sena a junio de 2026. La cuota legal obliga a empresas con 15 o más empleados a contratar al menos un aprendiz por cada 20 trabajadores, más uno adicional por fracción de 10 a 20, con una remuneración base de 1.750.905 pesos colombianos para 2026, correspondiente al salario mínimo vigente tras la reforma laboral.
Los argumentos del Consejo de Estado
En el auto que concede la suspensión provisional, la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo sostuvo que el decreto reglamentario no se limitó a desarrollar la ley para garantizar su cumplida ejecución, sino que restringió el ámbito de aplicación del régimen sustantivo al impedir una estipulación que aquel permite. El fallo señala de manera textual que la medida «eliminó la posibilidad misma de estipularlo, pese a que el artículo 81 del CST sometió esta modalidad contractual a las normas sustantivas de ese estatuto sin establecer tal excepción», en referencia a los artículos 76 a 80 del código, que regulan el período de prueba con un tope de dos meses como regla general, o la quinta parte del tiempo acordado para contratos a término fijo inferiores a un año.
La suspensión no revive la antigua regla de tres meses de período de prueba que contemplaba el artículo 88 del Código Sustantivo del Trabajo, considerado derogado tácitamente por la Corte Constitucional desde 2007, sino que restablece la posibilidad de que empresas y aprendices acuerden voluntariamente esta etapa inicial por escrito, sin que sea obligatoria ni automática. Durante ese período, el aprendiz conserva todas las prestaciones y derechos laborales, incluyendo la cobertura en salud y riesgos laborales durante la etapa lectiva, así como la afiliación a seguridad social integral durante la fase práctica, garantías reforzadas por la Ley 2466 de 2025.
«El artículo 1 del Decreto 223 de 2026, al incorporar el artículo 2.2.6.3.3.26 del Decreto 1072 de 2015, que excluyó de manera absoluta el período de prueba del contrato de aprendizaje, no se limitó a desarrollar la ley para garantizar su cumplida ejecución, sino que restringió el ámbito de aplicación del régimen sustantivo al cual el propio legislador sometió esta modalidad contractual, al impedir una estipulación que aquel permite»
Auto de la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo, Consejo de Estado
La medida es de carácter temporal y se mantendrá vigente mientras el Consejo de Estado resuelve la legalidad definitiva del decreto en una sentencia de fondo. El contrato de aprendizaje, que permite vincular a estudiantes mayores de 14 años con empresas privadas y entidades públicas como parte de su formación académica y práctica, sigue siendo una herramienta clave para la inserción laboral juvenil, pero ahora las partes deberán pactar el período de prueba por escrito si así lo desean, sin que la ausencia de esta cláusula pueda interpretarse como una autorización para terminar el vínculo de manera unilateral. Las empresas privadas con 15 o más trabajadores, excepto las del sector de la construcción, deben continuar cumpliendo con la cuota legal de aprendices, mientras que las entidades públicas industriales, comerciales y de economía mixta también pueden patrocinarlos, con la precisión de que los aprendices vinculados a estas no adquieren condición de servidores públicos.
