En una decisión que impacta el rumbo de la política de salud, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 0858 de 2025, un acto que buscaba avanzar una reforma del sistema por vía administrativa mientras su trámite continúa en la Comisión Séptima del Senado. La resolución, fechada el 23 de octubre de 2025, fue liderada por la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón, quien actúa como ponente, y respondió a la demanda presentada por Andrés Forero, con Ana María Vesga, presidenta de Acemi, ejerciendo representación del sector. Vesga añadió que la medida protege a los pacientes y mantiene vigente el marco regulatorio actual del sistema de salud.
La decisión se fundamenta en indicios de irregularidades durante la expedición del decreto, especialmente la sustitución de un capítulo del Decreto 780 de 2016, y en la posible excedencia de facultades por parte del Ejecutivo al modificar la arquitectura del sistema de salud por un instrumento administrativo. El decreto fue expedido el 30 de julio de 2025 y proponía un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo con aplicación nacional, orientado a la atención primaria y a la reorganización de servicios a través de los RIITS, mientras su trámite seguía en la Comisión Séptima del Senado. El fallo se apoya, además, en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En este contexto, el Gobierno intentó avanzar con la reforma por decreto, una vía que ha generado debate y que, en momentos, incluyó gestiones para una consulta popular impulsada por el presidente Petro, que no prosperó.
La suspensión y sus alcances
La suspensión es una medida cautelar que mantiene los efectos del marco vigente hasta que el tribunal resuelva de fondo la demanda de nulidad presentada por Andrés Forero, y, en tanto persiste, el Gobierno podría reactivar la implementación de la reforma si la decisión de fondo no declara ilegal el decreto o si se emite una norma sustitutiva que sustituya lo suspendido. Esta decisión preserva la continuidad de la atención para miles de pacientes y protege el marco actual del sistema de salud, a la vez que delimita el alcance de cualquier intervención que modifique su estructura por vía administrativa.
«Era, no era más que la intención del Gobierno de tramitar, por decreto, la reforma a la salud que aún no completa su trámite en el Congreso de la República» – Ana María Vesga, presidenta de Acemi
En conjunto, la decisión del Consejo de Estado mantiene la estabilidad operativa del sistema y establece un freno temporal a la reforma, cuyo futuro dependerá de la resolución de fondo y de las decisiones legislativas en la Comisión Séptima del Senado. Con la continuidad de este proceso, miles de pacientes siguen contando con la atención vigente mientras el país decide si la reforma deberá canalizarse por la vía legislativa o si se adoptará una nueva norma sustitutiva que sustituya lo suspendido.
