El Consejo de Estado de Colombia ordenó la suspensión provisional del traslado de cerca de 25 billones de pesos, equivalentes a unos 24,5 billones según la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asofondos), desde fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, en el marco del rediseño del sistema pensional impulsado por el Gobierno nacional. Esta medida cautelar, adoptada en el estudio de legalidad del Decreto 415 de 2026, genera un impacto directo en unos 120.000 afiliados cuyos recursos quedan congelados, produciendo incertidumbre jurídica en el sector.
La decisión judicial surge de una demanda contra la norma de la reforma pensional y se basa en el artículo 234 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cpaca). El decreto en cuestión establecía un traslado acelerado de los recursos, con el 50% en 20 días y el otro 50% en 10 días adicionales, para afiliados que solicitaron el cambio de régimen. Asofondos ha advertido sobre las repercusiones en la liquidez de las administradoras, mientras el presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza, cuestionando un supuesto giro de 5 billones de pesos y señalando directamente a responsables como el Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento y el Grupo Bancolombia del Grupo Empresarial Antioqueño.
Reacciones presidenciales y acusaciones de latrocinio
El mandatario colombiano no escatimó en críticas al pronunciarse sobre la suspensión, en un contexto de tensiones por el manejo de los fondos pensionales. Petro enfatizó la gravedad de la situación al calificar cualquier retención indebida como un delito, elevando la polémica a un nivel nacional que involucra al Consejo de Estado y los grandes grupos económicos del país.
«¿Oiga cómo que tendrán que girar 5 billones? Si no devuelven el dinero son ladrones»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«un verdadero acto de latrocinio contra la Nación y el pueblo de Colombia»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Esta suspensión provisional marca un revés para el Gobierno en su ambicioso plan de reforma pensional, dejando en vilo no solo la estabilidad financiera de miles de jubilados sino también la confianza en el sistema, mientras se espera el desarrollo del proceso judicial que podría redefinir el futuro de estos recursos en Colombia.
