El Consejo de Estado suspendió ayer el decreto que obligaba el traspaso de 25 billones de pesos de fondos privados a Colpensiones, una medida impulsada por el gobierno de Gustavo Petro en el marco de la reforma pensional, lo que ha generado una profunda incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema pensional en Colombia. Esta decisión judicial, emitida desde Bogotá, frena el traslado inminente de cinco billones de pesos y responde a advertencias de actores clave del sector, como el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, ante el impacto legal y financiero contrario a la reforma. La suspensión llega en un momento crítico, con la primera amenaza gubernamental de no pagar las mesadas pensionales, exacerbando las tensiones entre el Ejecutivo y los fondos privados.
En los últimos meses, aprovechando una ventana de oportunidad abierta por la reforma pensional, 120.000 personas migraron de los fondos privados hacia Colpensiones, mientras que 24.000 afiliados optaron por retiros por un total de cinco billones de pesos. Colpensiones, que requiere 35 billones de pesos anuales en transferencias del Estado, enfrenta ahora un panorama complicado, especialmente tras el incremento del 23 por ciento en el salario mínimo para 2024. Los recursos de los nuevos afiliados permanecerán en los fondos privados hasta que se consolide su pensión y se opere el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, según lo establecido en la normativa.
Incertidumbre financiera y advertencias del sector
Analistas del sector financiero insisten en que los pagos de pensiones continuarán de manera normal a través del Presupuesto General de la Nación, descartando interrupciones inmediatas. Sin embargo, el debate se enciende con antecedentes internacionales como los de Argentina, Hungría y Polonia, donde gobiernos en crisis fiscales recurrieron al uso de ahorros privados para cubrir déficits. El economista Juan Camilo Restrepo ha aclarado que el Estado colombiano nunca ha dejado de pagar las pensiones de forma oportuna, subrayando la solidez histórica del sistema pese a las presiones actuales.
“más de 25 billones de pesos para usarlos de manera contraria a lo que ordena la Ley”
Andrés Velasco, presidente de Asofondos
Esta suspensión judicial no solo paraliza el movimiento de los fondos en disputa, sino que pone en jaque la viabilidad de la reforma pensional, obligando al gobierno a replantear sus estrategias financieras ante la resistencia de los fondos privados y la vigilancia del Consejo de Estado. La Veintitrés Manizales seguirá de cerca las repercusiones de este fallo en el sistema pensional colombiano.
