El Consejo Gremial Nacional, liderado por su presidente Camilo Sánchez, solicitó formalmente a la Corte Constitucional la suspensión provisional del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, argumentando que este incumple el artículo 215 de la Constitución Política. La petición, respaldada por figuras como Jaime Cabal, presidente de Fenalco, y María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham, busca un análisis excepcional e inmediato de la constitucionalidad del decreto durante la vacancia judicial, que se extiende hasta el 13 de enero, con una sesión plenaria de la Corte programada para el 23 de diciembre.
Esta solicitud surge tras el fracaso de la última reforma tributaria en el Congreso, que preveía un recaudo de 16,3 billones de pesos para equilibrar el presupuesto general de la Nación para 2026, estimado en 546,9 billones de pesos. Los gremios empresariales sostienen que la situación fiscal era previsible desde 2024 y 2025, y que el Gobierno cuenta con mecanismos ordinarios en la Ley Orgánica del Presupuesto para ajustar rubros y garantizar un uso responsable de los recursos, sin necesidad de declarar una emergencia económica.
Tensión entre gremios y Gobierno
El Consejo Gremial Nacional enfatizó que es evidente la inexistencia de los requerimientos constitucionales para esta medida, en un llamado respetuoso dirigido a la Corte Constitucional desde Colombia. Otros gremios como Asobares también respaldaron la petición y rechazaron incrementos en impuestos a licores propuestos en el contexto de la emergencia. La Corte, por su parte, ha decidido esperar el fin de la vacancia judicial para examinar de fondo los requisitos del artículo 215, respetando las situaciones administrativas de sus servidores.
«Es evidente y clara la inexistencia de los requerimientos constitucionales para declarar una emergencia económica a luz del artículo 215».
Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial Nacional
«El Gobierno nacional hoy cuenta con mecanismos ordinarios que están consagrados en la Ley Orgánica del Presupuesto Nacional para ajustar los rubros del presupuesto que permitan un uso responsable y eficiente de los recursos».
Consejo Gremial Nacional
Desde el Gobierno, el presidente Gustavo Petro cuestionó la urgencia de la petición gremial, preguntándose por qué no se solicitó lo mismo para aprobar la reforma pensional. Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la medida al indicar que el rechazo de la ley de financiamiento en el Congreso obliga al Ejecutivo a recuperar ingresos para equilibrar el presupuesto aprobado por la misma legislatura.
«¿Por qué quieren que se reúna ya la Corte Constitucional para salvarlos de pagar impuestos de megarricos y no pidieron lo mismo para que se aprobara la reforma pensional?»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«Fue negada por el Congreso de la República la ley de financiamiento y eso obliga al Gobierno a tomar medidas para recuperar los ingresos necesarios que equilibren el presupuesto aprobado por el mismo Congreso, y eso obliga a que el Gobierno tome medidas para poder enfrentar esta circunstancia».
Germán Ávila, ministro de Hacienda
Esta confrontación evidencia la creciente tensión entre los gremios empresariales y el Gobierno de Gustavo Petro, en medio de un debate sobre la constitucionalidad de las medidas fiscales adoptadas ante el rechazo legislativo, mientras la Corte Constitucional se prepara para deliberar en las fechas indicadas.
