Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta y representante legal del Consejo Gremial Nacional, radicó ante la Corte Constitucional un documento en el que solicita declarar totalmente inexequible el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio colombiano. Esta solicitud cuestiona tanto la validez formal como la sustancial del decreto, argumentando que no se cumplieron los requisitos constitucionales exigidos por el artículo 215 de la Carta Magna.
El decreto en cuestión surge tras el hundimiento en el Congreso de la ley de financiamiento para el Presupuesto General de la Nación de 2026, lo que llevó al Gobierno del presidente Gustavo Petro a recurrir a esta declaratoria de emergencia para completar el presupuesto. Sin embargo, el Consejo Gremial Nacional sostiene que el decreto no satisface las exigencias formales, como la firma válida de todos los ministros competentes, ni cumple con los presupuestos fáctico, valorativo y de suficiencia, ya que se basa en circunstancias estructurales, previsibles o atribuibles a la gestión ordinaria del Estado, impropias del estándar estricto constitucional.
Argumentos detallados y citas del documento
En su intervención, Natalia Gutiérrez Jaramillo enfatizó la necesidad de revisar rigurosamente esta medida, destacando la falta de respaldo completo de los jefes de cartera del Gobierno. El proceso se encuentra en desarrollo ante la Corte Constitucional, según información de Colprensa basada en el radicado presentado.
«Intervengo en el presente asunto para solicitar la inexequibilidad del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, “por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional”.
Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta del Consejo Gremial Nacional
«El Decreto 1390 de 2025 (i) no satisface exigencias formales (firma válida de todos los ministros competentes), y (ii) no cumple los presupuestos fáctico, valorativo y de suficiencia, al fundarse en circunstancias estructurales, previsibles o atribuibles a la gestión ordinaria del Estado, impropias del estándar estricto del artículo 215 de la Constitución».
Documento del Consejo Gremial Nacional
Este caso se enmarca en las tensiones políticas entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Congreso en temas presupuestales, con antecedentes de revisiones similares por parte de la Corte Constitucional en emergencias pasadas. Si el decreto es declarado inexequible, podría paralizar las medidas de financiamiento para el Presupuesto General de la Nación de 2026, afectando el gasto público y generando reacciones de sectores económicos y del Ejecutivo.
