El Consejo Gremial Nacional, liderado por su presidente Camilo Sánchez de Andesco y con el respaldo de figuras como Jaime Cabal de Fenalco, María Claudia Lacouture de AmCham y representantes de Asobares, solicitó respetuosamente a la Corte Constitucional la suspensión provisional del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno de Gustavo Petro. Esta petición, dirigida a la alta corte en medio de la vacancia judicial que se extiende hasta el 13 de enero, busca también una declaración de inexequibilidad del decreto, argumentando que no se cumplen los requisitos del artículo 215 de la Constitución, ya que no existen hechos extraordinarios ni imprevisibles que lo justifiquen, y existen mecanismos ordinarios en la Ley Orgánica del Presupuesto para ajustar los rubros necesarios.
La solicitud surge tras el fracaso de la reforma tributaria en el Congreso de la República, que esperaba recaudar 16,3 billones de pesos para equilibrar el presupuesto general de 2026, cifrado en 546,9 billones de pesos. El Gobierno de Petro declaró la emergencia económica para cubrir el déficit fiscal generado por el hundimiento de esa iniciativa, pero el Consejo Gremial alerta sobre los riesgos para la estabilidad institucional y la economía al usar este mecanismo para legislar sin control democrático. En cartas enviadas a la Corte, que resolvió en sesión el 23 de diciembre respetando la situación administrativa de sus servidores durante la vacancia, los gremios enfatizan que los decretos en estados de excepción generan efectos inmediatos difíciles de revertir.
Argumentos gremiales contra el decreto
Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial, subrayó que resulta evidente la inexistencia de los requerimientos constitucionales para declarar una emergencia económica a la luz del artículo 215, mientras el gremio completo insiste en que el Gobierno cuenta con herramientas ordinarias en la Ley Orgánica del Presupuesto para un uso responsable y eficiente de los recursos. Jaime Cabal, de Fenalco, advirtió que estos decretos producen efectos jurídicos inmediatos capaces de consolidar situaciones cuya reversión posterior puede ser compleja, incluso ante una declaratoria de inexequibilidad.
«Respetuosamente queremos solicitar a la Corte Constitucional en su discreción y conforme a su reglamento, que permita sesionar excepcionalmente en días no laborales cuando circunstancias especiales lo exigen, consideren convocar una sesión especial extraordinaria para abordar con prioridad este debate constitucional.»
María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham
Asobares, por su parte, rechaza específicamente los incrementos de impuestos a licores propuestos, que impactarían el comercio formal, el empleo, las ventas legales y fomentarían la informalidad.
Respuesta del Gobierno y el presidente Petro
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la medida al indicar que, tras la negativa del Congreso a la ley de financiamiento, el Gobierno debe recuperar ingresos para equilibrar el presupuesto aprobado por la misma corporación legislativa. El presidente Gustavo Petro, en tanto, cuestionó la urgencia de los gremios por una sesión inmediata de la Corte, preguntando por qué no pidieron lo mismo para la reforma pensional y aludiendo a un pacto social de seguridad donde los pobres no deben cargar solos con el esfuerzo.
«¿Por qué quieren que se reúna ya la Corte Constitucional para salvarlos de pagar impuestos de megarricos y no pidieron lo mismo para que se aprobara la reforma pensional?»
Gustavo Petro, presidente de la República
«¿La seguridad es que los pobres pongan sus hijos y los pobres pongan el dinero para comprar las armas que se necesitan? El pacto social es un pacto de seguridad.»
Gustavo Petro, presidente de la República
La Corte Constitucional no se ha pronunciado de fondo y espera el fin de la vacancia judicial para examinar los requisitos constitucionales del decreto, en un debate que pone en jaque el equilibrio entre poderes y la gestión fiscal del país.
