El Consejo Gremial Nacional, liderado por su presidente Camilo Sánchez de Andesco, solicitó respetuosamente a la Corte Constitucional la suspensión provisional del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno de Gustavo Petro, argumentando que no cumple con los requisitos constitucionales establecidos en el artículo 215 de la Carta Magna. Esta petición surge tras el fracaso de la reforma tributaria en el Congreso y se presenta durante la vacancia judicial que se extiende hasta el 13 de enero, con el fin de que la Corte realice un análisis excepcional e inmediato para evitar efectos irreparables en la estabilidad económica e institucional del país.
El decreto gubernamental busca recuperar ingresos equivalentes a los 16,3 billones de pesos que se esperaban recaudar con la reforma tributaria rechazada, en un contexto donde el presupuesto general para 2026 asciende a 546,9 billones de pesos. Los gremios sostienen que la situación fiscal es previsible y no extraordinaria, por lo que el Gobierno cuenta con mecanismos ordinarios consagrados en la Ley Orgánica del Presupuesto Nacional para ajustar rubros y garantizar un uso responsable de los recursos, sin necesidad de declarar una emergencia económica.
Reacciones cruzadas entre Gobierno y sector privado
La Corte Constitucional, en sesión del 23 de diciembre, resolvió esperar el fin de la vacancia judicial para examinar de fondo el decreto, aunque evaluará si se configuran hechos extraordinarios e imprevisibles, así como la ausencia de alternativas ordinarias, tal como exige el artículo 215. La solicitud del Consejo Gremial ha recibido respaldos de figuras como Jaime Cabal de Fenalco, María Claudia Lacouture de AmCham y representantes de Asobares, quienes rechazan los incrementos en impuestos a licores propuestos en la medida.
«Es evidente y clara la inexistencia de los requerimientos constitucionales para declarar una emergencia económica a luz del artículo 215».
Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial Nacional
«El Gobierno nacional hoy cuenta con mecanismos ordinarios que están consagrados en la Ley Orgánica del Presupuesto Nacional para ajustar los rubros del presupuesto que permitan un uso responsable y eficiente de los recursos».
Consejo Gremial Nacional
Desde el Gobierno, el presidente Gustavo Petro cuestionó la urgencia de la petición gremial, mientras el ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la medida al indicar que la negación de la ley de financiamiento por el Congreso obliga a recuperar ingresos para equilibrar el presupuesto aprobado por la misma corporación legislativa.
«¿Por qué quieren que se reúna ya la Corte Constitucional para salvarlos de pagar impuestos de megarricos y no pidieron lo mismo para que se aprobara la reforma pensional?».
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«Fue negada por el Congreso de la República la ley de financiamiento y eso obliga al Gobierno a tomar medidas para recuperar los ingresos necesarios que equilibren el presupuesto aprobado por el mismo Congreso, y eso obliga a que el Gobierno tome medidas para poder enfrentar esta circunstancia».
Germán Ávila, ministro de Hacienda
Este pulso entre el Ejecutivo y los gremios privados pone en jaque la ejecución del decreto, con posibles implicaciones para la agenda fiscal del Gobierno Petro y la confianza inversionista en Colombia, en un momento clave para la sostenibilidad de las finanzas públicas.
