El Consejo Gremial Nacional, liderado por su presidente Camilo Sánchez, quien también preside Andesco, solicitó a la Corte Constitucional la suspensión provisional del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno de Gustavo Petro. Esta petición surge tras el fracaso de la reforma tributaria en el Congreso y argumenta que el decreto no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 215 de la Constitución Política, ya que la situación fiscal era previsible y existen mecanismos ordinarios en la Ley Orgánica del Presupuesto para manejar el déficit.
La solicitud se presentó en un momento de vacancia judicial que se extiende hasta el 13 de enero, con un llamado respetuoso para que la Corte realice un análisis excepcional durante este período. El gremio empresarial destaca que el recaudo esperado de la reforma tributaria ascendía a 16,3 billones de pesos, recursos destinados a equilibrar el presupuesto general de la Nación para 2026, que alcanza los 546,9 billones de pesos. Esta acción se dirige directamente a la Corte Constitucional en Bogotá y refleja la creciente tensión entre los sectores empresariales y el Ejecutivo.
Reacciones y contexto de la controversia
El Consejo Gremial Nacional enfatiza que el Gobierno cuenta con herramientas ordinarias para ajustar rubros presupuestales y garantizar un uso eficiente de los recursos, evitando así la declaratoria de emergencia. La petición ha recibido apoyo de entidades como Fenalco, representada por Jaime Cabal, AmCham, con María Claudia Lacouture a la cabeza, y Asobares, que se oponen particularmente a los impuestos sobre licores propuestos en el decreto. El 23 de diciembre, la Corte Constitucional decidió respetar la vacancia judicial y no suspender el decreto de inmediato, posponiendo el examen de fondo sobre su constitucionalidad hasta después del 13 de enero, centrándose en el artículo 215 y la existencia de alternativas al déficit fiscal.
«Es evidente y clara la inexistencia de los requerimientos constitucionales para declarar una emergencia económica a luz del artículo 215».
Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial Nacional y Andesco
«El Gobierno nacional hoy cuenta con mecanismos ordinarios que están consagrados en la Ley Orgánica del Presupuesto Nacional para ajustar los rubros del presupuesto que permitan un uso responsable y eficiente de los recursos».
Consejo Gremial Nacional
Desde el Gobierno, el presidente Gustavo Petro cuestionó la urgencia de la petición gremial con una réplica en redes sociales, preguntando por qué se exige una reunión inmediata de la Corte para evitar impuestos a los megarricos, pero no se hizo lo propio para aprobar la reforma pensional. Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió el decreto argumentando que el rechazo de la ley de financiamiento por el Congreso obliga al Ejecutivo a recuperar ingresos para equilibrar el presupuesto aprobado por la misma legislatura.
«¿Por qué quieren que se reúna ya la Corte Constitucional para salvarlos de pagar impuestos de megarricos y no pidieron lo mismo para que se aprobara la reforma pensional?»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«Fue negada por el Congreso de la República la ley de financiamiento y eso obliga al Gobierno a tomar medidas para recuperar los ingresos necesarios que equilibren el presupuesto aprobado por el mismo Congreso».
Germán Ávila, ministro de Hacienda
Este pulso entre gremios y Gobierno se enmarca en el fracaso de la reforma tributaria, que generó el decreto de emergencia económica, exacerbando las diferencias en un contexto de alta tensión política y económica en Colombia. La decisión final de la Corte Constitucional será clave para determinar la viabilidad de estas medidas excepcionales.
