El Consejo Gremial Nacional, presidido por Camilo Sánchez, solicitó este viernes a la Corte Constitucional la suspensión provisional del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, argumentando que no cumple con los requisitos constitucionales establecidos en el artículo 215 de la Carta Magna. La petición se presenta en medio de la vacancia judicial que se extiende hasta el 13 de enero, tras el fracaso de la reforma tributaria en el Congreso, la cual preveía un recaudo de 16,3 billones de pesos para equilibrar el presupuesto general de la Nación proyectado en 546,9 billones para 2026.
En un llamado respetuoso y excepcional dirigido a la Corte, el gremio empresarial insta a un análisis inmediato del decreto, destacando que la situación fiscal era previsible y que existen mecanismos ordinarios en la Ley Orgánica del Presupuesto para ajustar rubros y garantizar un uso responsable de los recursos públicos, sin necesidad de recurrir a una emergencia económica.
Reacciones y respaldos desde el sector privado
La solicitud cuenta con el respaldo de figuras clave del sector empresarial, como Jaime Cabal, presidente de Fenalco, quien advirtió que los decretos legislativos durante estados de excepción generan efectos jurídicos inmediatos que pueden consolidar situaciones de difícil reversión posterior, con perjuicios irremediables para la economía y la estabilidad institucional. Asimismo, María Claudia Lacouture, de AmCham, y Asobares, que rechaza los impuestos a licores propuestos, apoyan la posición del Consejo Gremial, en un contexto de crecientes tensiones entre gremios y el Gobierno Petro tras el hundimiento de la reforma tributaria.
«Es evidente y clara la inexistencia de los requerimientos constitucionales para declarar una emergencia económica a luz del artículo 215».
Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial Nacional
«El Gobierno nacional hoy cuenta con mecanismos ordinarios que están consagrados en la Ley Orgánica del Presupuesto Nacional para ajustar los rubros del presupuesto que permitan un uso responsable y eficiente de los recursos».
Consejo Gremial Nacional
Desde el Ejecutivo, el presidente Gustavo Petro cuestionó la urgencia de la reunión de la Corte, preguntando por qué no se pidió lo mismo para aprobar la reforma pensional, mientras el ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la medida al indicar que la negación de la ley de financiamiento por el Congreso obliga al Gobierno a recuperar ingresos para equilibrar el presupuesto aprobado por la misma corporación legislativa.
«¿Por qué quieren que se reúna ya la Corte Constitucional para salvarlos de pagar impuestos de megarricos y no pidieron lo mismo para que se aprobara la reforma pensional?».
Gustavo Petro, presidente de la República
«Fue negada por el Congreso de la República la ley de financiamiento y eso obliga al Gobierno a tomar medidas para recuperar los ingresos necesarios que equilibren el presupuesto aprobado por el mismo Congreso, y eso obliga a que el Gobierno tome medidas para poder enfrentar esta circunstancia».
Germán Ávila, ministro de Hacienda
La Corte Constitucional, en su sesión plenaria del 23 de diciembre, resolvió esperar el fin de la vacancia judicial para examinar de fondo la constitucionalidad del decreto, respetando su reglamento interno, con el análisis centrado en el artículo 215 y la existencia de alternativas ordinarias al déficit fiscal. Este pulso entre el Gobierno y los gremios subraya las divisiones en torno a la gestión económica del país en un momento crítico.
