El Consejo Gremial Nacional, liderado por su presidente Camilo Sánchez, solicitó a la Corte Constitucional la suspensión provisional de los efectos del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno de Gustavo Petro, argumentando que incumple los requisitos constitucionales establecidos en el artículo 215 de la Carta Magna. Esta petición se presentó tras el fracaso de la última reforma tributaria en el Congreso, que esperaba recaudar 16,3 billones de pesos, en un contexto de vacancia judicial que se extiende hasta el 13 de enero, aunque la Corte realizó una sesión plenaria el 23 de diciembre para analizar el tema de manera excepcional e inmediata.
Los gremios sostienen que no existen hechos extraordinarios e imprevisibles que justifiquen la declaratoria de emergencia económica, ya que el Gobierno cuenta con mecanismos ordinarios previstos en la Ley Orgánica del Presupuesto Nacional para ajustar los rubros y garantizar un uso responsable de los recursos, especialmente ante el presupuesto general de la Nación para 2026, que asciende a 546,9 billones de pesos. La solicitud busca frenar los efectos del decreto durante la vacancia judicial, en medio de crecientes tensiones entre los sectores productivos y el Ejecutivo por el manejo del déficit fiscal.
Reacciones cruzadas y apoyo gremial
La iniciativa del Consejo Gremial Nacional ha recibido el respaldo de entidades como Fenalco, cuyo presidente Jaime Cabal; AmCham, liderada por su presidenta ejecutiva María Claudia Lacouture; y Asobares, que comparten la visión de que el Gobierno debe recurrir a vías ordinarias en lugar de medidas excepcionales. Sin embargo, la Corte Constitucional resolvió no pronunciarse de inmediato sobre la suspensión provisional, optando por esperar el fin de la vacancia judicial para un examen de fondo, en respeto a las situaciones administrativas de sus servidores durante este período.
«Es evidente y clara la inexistencia de los requerimientos constitucionales para declarar una emergencia económica a luz del artículo 215».
Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial Nacional
«El Gobierno nacional hoy cuenta con mecanismos ordinarios que están consagrados en la Ley Orgánica del Presupuesto Nacional para ajustar los rubros del presupuesto que permitan un uso responsable y eficiente de los recursos».
Consejo Gremial Nacional
Desde el Gobierno, el presidente Gustavo Petro cuestionó la urgencia de la petición gremial con una crítica en redes sociales, mientras que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la medida al indicar que la negativa del Congreso a la ley de financiamiento obliga al Ejecutivo a recuperar ingresos para equilibrar el presupuesto aprobado por la misma corporación legislativa.
«¿Por qué quieren que se reúna ya la Corte Constitucional para salvarlos de pagar impuestos de megarricos y no pidieron lo mismo para que se aprobara la reforma pensional?».
Gustavo Petro, presidente de la República
«Fue negada por el Congreso de la República la ley de financiamiento y eso obliga al Gobierno a tomar medidas para recuperar los ingresos necesarios que equilibren el presupuesto aprobado por el mismo Congreso, y eso obliga a que el Gobierno tome medidas para poder enfrentar esta circunstancia».
Germán Ávila, ministro de Hacienda
Este pulso entre gremios y Gobierno se enmarca en el fracaso de la reforma tributaria, que ha intensificado el debate sobre los requisitos del artículo 215 constitucional y las alternativas ordinarias al déficit fiscal, con la Corte Constitucional como árbitro final en un momento clave para la estabilidad económica del país.
