El Consejo Gremial Nacional, liderado por su presidente Camilo Sánchez, solicitó respetuosamente a la Corte Constitucional la suspensión provisional de los efectos del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno de Gustavo Petro, argumentando que no cumple con los requisitos constitucionales establecidos en el artículo 215 de la Carta Magna. Esta petición surge en medio de la vacancia judicial que se extiende hasta el 13 de enero, tras el fracaso de la última reforma tributaria en el Congreso, y busca un análisis excepcional e inmediato por parte del alto tribunal, cuya sesión plenaria está programada para el 23 de diciembre.
El decreto gubernamental pretende cubrir el déficit presupuestal para 2026, estimado en 546,9 billones de pesos, luego del rechazo de la ley de financiamiento que preveía recaudar 16,3 billones de pesos adicionales. El Consejo Gremial enfatiza que la situación fiscal era previsible y que existen mecanismos ordinarios en la Ley Orgánica del Presupuesto para ajustar los rubros y garantizar un uso responsable de los recursos, sin necesidad de recurrir a un estado de excepción. Organizaciones como Fenalco, AmCham y Asobares respaldan la solicitud, criticando especialmente los incrementos en impuestos a licores por su impacto negativo en empleo, ventas y el fomento al contrabando.
Posiciones encontradas en el debate constitucional
La Corte Constitucional deberá evaluar si los hechos son extraordinarios e imprevisibles, como exige el artículo 215, y si realmente no hay alternativas ordinarias disponibles, aunque ya resolvió esperar el fin de la vacancia judicial para un examen de fondo sobre la constitucionalidad del decreto. El llamado del sector privado urge al tribunal a convocar una sesión especial extraordinaria en días no laborales, conforme a su reglamento, para priorizar este debate.
«Es evidente y clara la inexistencia de los requerimientos constitucionales para declarar una emergencia económica a luz del artículo 215.»
Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial Nacional
«El Gobierno nacional hoy cuenta con mecanismos ordinarios que están consagrados en la Ley Orgánica del Presupuesto Nacional para ajustar los rubros del presupuesto que permitan un uso responsable y eficiente de los recursos.»
Consejo Gremial Nacional
«Aceptar que la negativa del Congreso justifique un estado de excepción, vaciaría de contenido la separación de poderes y convertiría este mecanismo en un sustituto del trámite legislativo ordinario.»
Jaime Cabal, presidente de Fenalco
«Respetuosamente queremos solicitar a la Corte Constitucional en su discreción y conforme a su reglamento, que permita sesionar excepcionalmente en días no laborales cuando circunstancias especiales lo exigen, consideren convocar una sesión especial extraordinaria para abordar con prioridad este debate constitucional.»
María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham
Desde el Gobierno, el presidente Gustavo Petro cuestionó la urgencia de la petición privada, mientras el ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la medida al indicar que el rechazo congressional de la ley de financiamiento obliga a recuperar ingresos para equilibrar el presupuesto aprobado por el mismo Congreso.
«¿Por qué quieren que se reúna ya la Corte Constitucional para salvarlos de pagar impuestos de megarricos y no pidieron lo mismo para que se aprobara la reforma pensional?»
Gustavo Petro, presidente de la República
«Fue negada por el Congreso de la República la ley de financiamiento y eso obliga al Gobierno a tomar medidas para recuperar los ingresos necesarios que equilibren el presupuesto aprobado por el mismo Congreso, y eso obliga a que el Gobierno tome medidas para poder enfrentar esta circunstancia.»
Germán Ávila, ministro de Hacienda
Este pulso entre el sector privado y el Ejecutivo pone en jaque la separación de poderes y el uso de estados de excepción en Colombia, con la Corte Constitucional como árbitro final en un contexto de tensiones fiscales crecientes. La información se basa en declaraciones de Andesco, el Consejo Gremial Nacional, la Corte Constitucional y publicaciones del presidente Petro en redes sociales.
