El registrador nacional, Hernán Penagos, afirmó este martes que la convocatoria a consulta popular promovida por el Gobierno no avanzará hasta que las altas cortes se pronuncien sobre la legalidad del decreto que la convoca.
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El futuro de la consulta popular propuesta por el Gobierno nacional permanece en suspenso. El registrador nacional, Hernán Penagos, anunció este martes que no se avanzará en la organización de este mecanismo hasta que las altas cortes emitan decisiones jurídicas que aclaren su viabilidad legal.
Durante una rueda de prensa, Penagos indicó que la Registraduría Nacional realizó un análisis detallado del decreto firmado por el presidente Gustavo Petro, el cual convoca oficialmente a la ciudadanía. Sin embargo, señaló que, pese a este acto administrativo, existen objeciones jurídicas que impiden proceder con la convocatoria.
Una de las principales razones para aplazar el proceso, según Penagos, es la existencia de demandas que cuestionan la constitucionalidad del decreto. Estas acciones legales generan un escenario de incertidumbre que, a juicio del registrador, solo puede ser despejado por los tribunales competentes.
“El estudio realizado fue juicioso, técnico y autónomo”, aseguró. “Pero hasta que no exista claridad jurídica, no se avanzará con ningún procedimiento relacionado con la consulta”.
Penagos también subrayó que la controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo ha alcanzado un nivel que requiere ser resuelto por las altas instancias judiciales, especialmente en lo relacionado con las competencias constitucionales para convocar consultas populares.
Por ahora, la Registraduría se mantendrá a la espera de los pronunciamientos de las cortes. Solo después de que se resuelvan las demandas interpuestas, la entidad definirá si da inicio o no al proceso de organización y logística de la consulta.
El registrador reiteró que su postura no responde a presiones políticas, sino a la necesidad de actuar dentro del marco legal. “La seguridad jurídica es fundamental para garantizar la transparencia y legitimidad de cualquier proceso electoral”, concluyó.
