La Contraloría General de la Nación, a través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, detectó sobrecostos e irregularidades en el programa Hambre cero, impulsado por el Gobierno Petro, en La Guajira y Arauca, y abrió dos procesos de responsabilidad fiscal contra funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La revisión minuciosa de soportes documentales de contratos, facturas y bases de datos de beneficiarios permitió confirmar inconsistencias en los fondos destinados a las ollas comunitarias, con recursos ejecutados en 2023; la fecha de publicación del informe no fue especificada.
En La Guajira, los hallazgos señalan sobrecostos por 1.001.000.000 de pesos en un contrato para suministrar alimentación a 700 personas en los municipios de Hatonuevo y Manaure, a 90 días, con una inversión de 5.240 millones de pesos. En Arauca, la inversión prevista ascendía a 9.200.000.000 de pesos, pero se registró un sobrecosto de 1.064.000.000; el contrato contemplaba atender a 6.200 beneficiarios durante 90 días en Saravena, Tame, Fortul y zonas rurales y urbanas. En total, se identificaron sobrecostos por 2.000.000.000 de pesos y se procedió a la apertura de dos procesos de responsabilidad fiscal contra funcionarios de la Ungrd.
Contexto y riesgos en la implementación de Hambre cero
Hambre cero es uno de los principales proyectos sociales del Gobierno Petro, y la Contraloría advierte posibles irregularidades y sobreprecios en su ejecución, con un marco de preocupación sobre los controles aplicados a fondos de emergencia social. En paralelo, Fondes y Anif han advertido riesgos de uso indebido de Fondos para la Diversificación Social (Fondes) como instrumento para atender urgencias fiscales o financiar proyectos no verificados, planteando cambios institucionales que podrían reducir filtros técnicos y facilitar desvíos de recursos. Anif, por su parte, señala retrasos en proyectos energéticos del Gobierno Petro: casi la mitad de los proyectos, el 47,9%, registra demoras en su ejecución, y los parques eólicos en La Guajira presentan atrasos de hasta el 70%, lo que alimenta preocupaciones sobre la gestión de inversiones públicas de gran envergadura.
Fondos de la Nación, a través de Fondes, es un patrimonio autónomo con activos cercanos a 4,1 billones de pesos y recursos líquidos alrededor de 1,5 billones; los cambios propuestos en el decreto que eliminarían a la FDN como administradora y centralizarían el gasto podrían aumentar el riesgo de uso indebido y reducir la capacidad de control técnico sobre proyectos de infraestructura y servicios públicos listos para avanzar.
“Ante la falta de soportes, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción abrió responsabilidad fiscal en La Guajira, donde había un contrato para suministrar alimentación a 700 personas en los municipios de Hatonuevo y Manaure, durante 90 días, con una inversión de 5.240 millones de pesos”, indicó un vocero de la Contraloría General de la Nación, Unidad de Investigaciones Especiales.
La revisión detalla además cómo estas irregularidades y sobrecostos podrían afectar el patrimonio público y la credibilidad de un programa emblemático como Hambre cero, intensificando la presión por incrementar la transparencia y fortalecer los controles técnicos en la gestión de las ayudas sociales y de emergencia. El reporte no especifica la fecha de publicación, pero deja claro que las acciones de Fiscalía fiscalizadora continúan en curso y que la Contraloría seguirá vigilando el gasto de recursos destinados a las comunidades más vulnerables.
