La Contraloría General de la República encendió las alarmas fiscales al advertir que el proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027, radicado por el Gobierno Nacional ante el Congreso, presenta un desbalance de 30,2 billones de pesos. El ente de control, liderado por Carlos Hernán Rodríguez, señaló que el principal riesgo radica en la incertidumbre sobre las fuentes de financiación, un problema que, según la entidad, se ha repetido de manera estructural en los presupuestos de las vigencias 2024, 2025 y 2026.
De acuerdo con el análisis de la Contraloría, el gasto proyectado se concentra de manera desproporcionada en el servicio de la deuda pública, mientras que los rubros de inversión y funcionamiento se estancan. En contraste, el presupuesto del Ministerio de Defensa crece un 16,8 % frente a la vigencia anterior, mientras que carteras como Hacienda y la Rama Judicial sufren recortes del 3,6 % y 0,6 %, respectivamente. La advertencia alcanza a 1.030 municipios y 32 departamentos que verían comprometida la ejecución de proyectos, obras y servicios esenciales debido a la incertidumbre en los ingresos, especialmente los provenientes de la explotación de hidrocarburos y minerales, que siguen siendo la base de la financiación nacional.
Cuarto año consecutivo de alerta fiscal
Esta es la cuarta vez que el organismo de control advierte sobre un riesgo estructural de desfinanciación en el presupuesto nacional. En su análisis, la Contraloría recordó que el antecedente más reciente, el proyecto de PGN para 2026, ya presentaba problemas similares. “El principal riesgo fiscal del proyecto residía en la incertidumbre sobre las fuentes de financiación previstas”, afirmó la entidad, y agregó que “el Gobierno nacional volvió a planear el presupuesto con base en una reforma tributaria que no se materializó”. El Congreso tiene plazo para aprobar el PGN 2027 antes del 15 de agosto de 2026.
“La mayor paradoja es evidente: cuando los recursos escasean y requieren mayor vigilancia, también se debilita la capacidad institucional para protegerlos”
Carlos Hernán Rodríguez, Contralor General de la República
El contralor Rodríguez hizo un llamado a respaldar “cada apropiación con ingresos ciertos” o, en su defecto, ajustar el gasto para “preservar la sostenibilidad fiscal”. La advertencia incluye además una preocupación adicional: la reducción de la capacidad operativa de la propia Contraloría para ejercer control fiscal, debido a la menor disponibilidad de recursos asignados al organismo. La caída en los ingresos por regalías, sumada a la dependencia de los hidrocarburos, genera una “insuficiencia de caja” que ya afecta a las entidades territoriales y que, de no corregirse, podría profundizar la crisis fiscal en los municipios y departamentos del país.
