La Contraloría General de la República de Colombia emitió una advertencia sobre los riesgos de sobrecostos y retrasos en la implementación del nuevo modelo de producción y suministro de pasaportes, establecido mediante el Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025. Este acuerdo involucra al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Frmre), la Imprenta Nacional de Colombia y la Imprenta Nacional – Casa da Moeda S.A. de Portugal, y surge de un análisis detallado realizado por el ente de control para evaluar su viabilidad financiera y operativa en el territorio nacional.
El nuevo esquema representa una transición del modelo anterior, basado en la demanda real, hacia uno que exige una cantidad mínima anual de producción, lo que genera incertidumbres fiscales y operativas significativas. Entre los principales problemas identificados se encuentran la falta de proyecciones detalladas de costos, la exposición a fluctuaciones cambiarias, la ausencia de estudios de mercado y la indefinición de valores para la personalización de los documentos, lo que podría derivar en gastos adicionales inesperados, demoras en el servicio a los ciudadanos y posibles sanciones económicas.
Riesgos financieros y operativos en detalle
La rigidez del convenio obliga a realizar pagos por volúmenes de producción no necesariamente requeridos, al tiempo que complica las demoras en el suministro adicional cuando la demanda aumenta. Además, los pagos se efectúan en euros sin contar con una cobertura financiera adecuada, lo que expone al país a sobrecostos por intereses, así como a la exclusión de IVA y otros tributos en la estructura de costos. Otro punto crítico es la obligación de asumir los gastos de transporte sin un estudio de mercado previo que justifique su razonabilidad.
Frente a estas vulnerabilidades, la Contraloría instó a las entidades involucradas a implementar de inmediato medidas correctivas que protejan los recursos públicos y garanticen la continuidad del servicio de emisión de pasaportes. Esta advertencia subraya la necesidad de una gestión más prudente en contratos internacionales para evitar impactos negativos en la hacienda pública y en la atención a los usuarios colombianos.
