La Contraloría General de la Nación envió una carta de advertencia al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como a la Agencia Nacional de Infraestructura, alertándolos sobre los graves riesgos fiscales y la posible violación de decretos derivados del recorte presupuestal unilateral aplicado al megaproyecto de recuperación ambiental del Canal del Dique, en la región Caribe de Colombia. Esta comunicación, identificada con el Oficio 2025££0109548 del 4 de junio de 2025, surge en el contexto del Decreto 1472 expedido por la Dirección Nacional de Planeación el 29 de diciembre de 2025, apenas dos días antes del decreto del Ministerio de Hacienda que ordenó el recorte, afectando directamente a este iniciativa de Asociación Público-Privada liderada por el Gobierno nacional de Gustavo Petro.
El proyecto, que abarca 115 kilómetros a lo largo del Canal del Dique y busca la restauración ambiental junto con la mejora de la transitabilidad fluvial, enfrenta ahora un recorte estimado en 636 mil millones de pesos según cálculos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, lo que genera preocupación por el impacto en la mitigación de riesgos ambientales y el patrimonio del Estado. La Contraloría cuestiona esta decisión tomada sin concertación previa con los concesionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, argumentando que modifica condiciones contractuales vigentes de manera unilateral y podría derivar en daños fiscales significativos.
Riesgos fiscales y exigencias de información
En su misiva, la Contraloría exige a las entidades justificaciones técnicas, legales y financieras detalladas sobre el recorte, un cronograma de vigencias futuras, la manifestación de conformidad del contratista, la certificación de que no se incrementa el valor total del contrato conforme a la Ley 1508 de 2012, y un concepto previo favorable del Ministerio o entidad sectorial correspondiente. La Cámara Colombiana de la Infraestructura también ha manifestado su inquietud por este ajuste a proyectos clave, destacando cómo compromete la ejecución de obras relevantes para el país.
“Para la CGR, esta decisión amenaza con materializar los riesgos fiscales claramente expuestos en la ADVERTENCIA emitida a las tres entidades que ustedes lideran, mediante el Oficio 2025££0109548 de junio 4 de 2025 y, además, con ella se habría incumplido también lo expresamente establecido en el Decreto 1472 del 29 de diciembre de 2025 expedido por la Dirección Nacional de Planeación (DNP), dos días antes del decreto del MHCP que ordenó dicho recorte”
Contraloría General de la Nación
“No se puede compartir que, habiendo estado siempre disponible para la ANI, la opción cierta de haberlo concertado y pactado en oportunidad con sus concesionarios, ahora, en aras de la legitima aspiración de optimizar los recursos públicos, se haya modificado una condición contractual vigente de manera unilateral y por decreto, que además podría derivar en la generación de un daño fiscal al Patrimonio del Estado”
Contraloría General de la Nación
Este episodio pone en jaque la sostenibilidad del megaproyecto del Canal del Dique, esencial para la protección ambiental en el Caribe colombiano, y resalta tensiones entre la optimización de recursos públicos y el cumplimiento de compromisos contractuales, en un momento en que la veeduría fiscal cobra mayor relevancia ante las decisiones del Gobierno nacional.
