La Contraloría General de la República encendió las alarmas fiscales al advertir al Gobierno del presidente Gustavo Petro sobre un incremento del 23,8% real en la contratación pública durante las cuatro semanas posteriores al levantamiento de la Ley de Garantías, comprometiendo más de 4,5 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación para 2026. El contralor Carlos Hernán Rodríguez informó que el análisis comparativo con el mismo periodo de 2022 evidenció una aceleración sin precedentes en la suscripción de contratos, particularmente bajo la modalidad de contratación directa, lo que representa un riesgo potencial para el patrimonio público y la sostenibilidad fiscal del país.
El organismo de control detalló que los contratos de prestación de servicios aumentaron un 50%, pasando de 8.496 en 2022 a 12.761 en 2026, mientras que la contratación directa creció un 59%, al saltar de 7.047 a 11.208 contratos. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) se destaca como una de las entidades con mayor actividad, pues suscribió 1.866 contratos directos por más de 103.600 millones de pesos en apenas cuatro semanas. La inspección especial se ha centrado en el Ministerio de Hacienda, la Fiduprevisora, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y la propia ANT, donde se recauda y verifica información para un análisis técnico integral.
Riesgo fiscal y llamado a la planeación
Carlos Hernán Rodríguez explicó que la advertencia no busca cuestionar una actuación específica del ministro de Hacienda, Germán Ávila, sino alertar a todos los gestores fiscales sobre la necesidad de adoptar medidas que aseguren que los compromisos contractuales mantengan correspondencia con la capacidad financiera de las entidades. “En solo cuatro semanas se comprometieron más de 4,5 billones de pesos del presupuesto general mediante esta modalidad de contratación”, declaró el contralor, quien subrayó que cuando se observa una aceleración de los procesos contractuales y recursos comprometidos para vigencias futuras, se requiere vigilancia y control por el ritmo de suscripción, la participación de la contratación directa y el volumen de obligaciones que podrían ejecutarse o pagarse durante el siguiente gobierno.
“Cuando se observa una aceleración de los procesos contractuales y recursos comprometidos para vigencias futuras, se requiere vigilancia y control por el ritmo de suscripción, la participación de la contratación directa y el volumen de obligaciones que podrían ejecutarse o pagarse durante el siguiente gobierno”.
Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la República
El organismo aclara que la contratación no es ilegal por sí misma, pero el ritmo y la modalidad elegida, predominantemente la contratación directa, generan riesgos que deben ser mitigados con una planeación contractual sólida y disciplina presupuestal. La advertencia fue emitida al Gobierno a través del Ministerio de Hacienda y se extiende a todos los ordenadores del gasto. La Contraloría advierte que, de detectar riesgos para el patrimonio público, puede iniciar actuaciones especiales de seguimiento, inspecciones y auditorías fiscales. El objetivo final es fortalecer la planeación contractual y la disciplina presupuestal para proteger los recursos públicos en un contexto donde el fin de las restricciones electorales abrió la puerta a una contratación que, sin controles adecuados, podría comprometer la estabilidad fiscal del país.
