La Contraloría General de la República encendió las alarmas al advertir que la reducción de recursos y fallas estructurales en la implementación de políticas públicas están aumentando el riesgo de reclutamiento forzado de niños y adolescentes en Colombia. El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, señaló que la ineficacia del gasto público, los recortes presupuestales y las debilidades institucionales profundizan la vulnerabilidad de la infancia en las zonas más golpeadas por el conflicto armado. El pronunciamiento se basa en una revisión de las estrategias estatales Ciprunna, Pard y los programas de primera infancia del Icbf, que abarca los periodos 2019-2023 y 2024-2026.
El informe revela datos preocupantes sobre la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento (Ciprunna): en el cuatrienio 2019-2023 se asignaron 12.891 millones de pesos, de los cuales solo se ejecutaron 9.216 millones, dejando sin usar 3.675 millones. Para el periodo 2024-2026, el presupuesto cayó a 1.810 millones, lo que representa una reducción del 83,8 % frente al ciclo anterior. La Contraloría advirtió que este comportamiento evidencia que el problema no es solo de recorte de recursos, sino también de capacidad institucional para transformar el presupuesto en resultados efectivos. Además, se detectó que más del 60 % de los equipos interdisciplinarios del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (Pard) están incompletos, lo que limita su capacidad de respuesta.
Inconsistencias en alertas y brechas territoriales
Otro hallazgo crítico son las fallas en los sistemas de información para registrar alertas de vulneración de derechos. Mientras en 2022 se reportaron 1.488 alertas y en 2024 se contabilizaron 1.458, en 2023 solo apareció una, una anomalía que la Contraloría calificó de grave. Asimismo, los recursos se concentran en modalidades urbanas, mientras que las estrategias para familias rurales enfrentan problemas de financiación y cobertura, ampliando las brechas territoriales en un país donde el reclutamiento forzado es una de las amenazas más graves para la infancia en regiones con presencia de grupos armados ilegales.
«La ineficacia del gasto público, la reducción de recursos y debilidades estructurales en la implementación de las políticas públicas, lo que está aumentando el riesgo de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes»
Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la República
El contralor hizo un llamado enfático: «El deber del Estado es garantizar que cada recurso se traduzca en protección y oportunidades para los niños, niñas y adolescentes», y pidió «permitir que cada peso invertido se traduzca en protección real y verificable para la niñez». La Contraloría advirtió que mantendrá vigilancia sobre el gasto público destinado a prevención y actuará si los recursos no cumplen su objetivo. Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil esperan que las alertas no queden en diagnósticos y se traduzcan en acciones concretas para frenar una de las violencias más silenciosas y devastadoras que enfrenta la infancia en Colombia.
