La Contraloría General de la Nación, a través de su Dirección de Estudios Sectoriales, advierte que el régimen de pensiones de la Fuerza Pública representa un riesgo fiscal estructural para Colombia, con pasivos futuros que podrían rebasar los 140 billones de pesos. El análisis corresponde a 2023 y abarca el periodo 2008-2023, y se apoya en un estudio basado en más de 200 millones de registros. Entre los hallazgos inmediatos figura el gasto en pensiones en 2023, que alcanzó 11.68 billones de pesos, así como un gasto relativo al PIB de 0.71 por ciento, cifras que enmarcan la magnitud presupuestal de este régimen frente al tamaño de la economía.
Los resultados desagregados muestran además proyecciones de pasivos actuariales por componentes institucionales: para las Fuerzas Militares se estiman entre 42.3 y 62.3 billones de pesos, y para la Policía Nacional entre 58.0 y 80.6 billones. La nómina ajustada a valor presente oscila entre 5.31 y 7.59 billones, y la participación de la nómina en el PIB se sitúa entre 0.50% y 0.42%. El costo anual promedio por militar en 2023 es de 47.9 millones de pesos. En cuanto a los beneficiarios, se observa que quienes estaban exceptuados del sistema pasaron de 41,227 en 2008 a 111,908 en 2023, representando el 71.7% del total en el último año analizado. El personal activo cayó de 173,900 en 2008 a 158,400 en 2023, mientras que el porcentaje de retirados alcanzó 12.8%. La edad media de los militares se ubica entre 34 y 35 años y la participación femenina es de 3.4%. En la estructura salarial, predomina una menor participación del sueldo básico y un mayor peso de primas por antigüedad y de la carga familiar. En síntesis, el costo anual por militar en 2023 se mantiene en 47.9 millones de pesos, lo que representa un factor crítico para la sostenibilidad del régimen.
Este reconocimiento de riesgo se inscribe en un marco de antecedentes relevantes. Un informe previo de la Contraloría sobre gasto, pasivos y la calidad de los datos históricos (2008-2013) en el régimen de pensiones de la Fuerza Pública ya señalaba la necesidad de modernizar procesos y armonizar datos para una imagen más fiel de la realidad financiera. En ese sentido, las recomendaciones de la entidad subrayan la importancia de modernizar y armonizar la información para que las proyecciones sean más sólidas y, sobre todo, para facilitar una gestión más transparente y responsable del gasto público en pensiones de las fuerzas.
Por qué esto es noticia en este momento: el riesgo fiscal estructural identificado exige una atención sostenida y posibles reformas para lograr la sostenibilidad sin afectar los derechos adquiridos. El informe propone, además de un marco de reformas gradual, mecanismos de monitoreo más rigurosos, la creación de reservas y la diversificación de fuentes de financiamiento. Se abre la expectativa de que se articulen reformas graduales que protejan a los titulares y fortalezcan la sostenibilidad a largo plazo del sistema.
Entre las observaciones de carácter secundario se destacan problemas de calidad de datos históricos, como duplicados, errores en fechas de nacimiento y dificultades en la homologación de grados, persistiéndose incluso tras correcciones. En este sentido, la Contraloría recomienda revisar los requisitos de asignación de retiro para soldados y policías de menor rango, crear reservas actuariales, establecer mecanismos de monitoreo automático, diversificar las fuentes de financiamiento y aumentar los aportes de los miembros en servicio. Propone también la creación de fondos de reserva, el uso de recursos extraordinarios derivados de bienes incautados y la implementación de reformas graduales que protejan los derechos adquiridos.
En definitiva, el informe señala un horizonte fiscal con vulnerabilidad visible que demanda respuestas políticas y administrativas coordinadas, con una senda de monitoreo, reservas y diversificación que permita sostener el régimen de pensiones de la Fuerza Pública en el largo plazo sin despojar a sus pensionados de sus derechos.
