La Contraloría General de Antioquia ha formulado cargos por presunto detrimento patrimonial contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en su rol como alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019, junto con Rodrigo Hernández, gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, exgerentes de Indeportes Antioquia, siete exfuncionarios de esa entidad, las empresas Ingecon e IDC, y una aseguradora internacional. Esta decisión, tomada a pocos días de la salida de la contralora departamental, cuestiona las fallas en la etapa precontractual y la ejecución de un proyecto de ciclorrutas en el Oriente antioqueño, que abarca municipios como Rionegro y Marinilla, donde las obras no se finalizaron pese a los contratos suscritos y los desembolsos realizados, sin cumplir el objeto previsto.
El proyecto, promovido inicialmente por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) para conectar varios municipios de la región, tenía una inversión proyectada cercana a los 25.000 millones de pesos. Se celebró un contrato interadministrativo por 34.458 millones de pesos entre la Empresa de Vivienda de Antioquia e Indeportes Antioquia, de los cuales se desembolsaron 26.186 millones directamente a Ingecon e IDC. Las irregularidades, advertidas hace más de cinco años por veedurías ciudadanas, han llevado a que la Contraloría General de la República asuma el poder preferente, con copias remitidas a la Fiscalía General de la Nación, sumándose a otra investigación en curso por 1.270 millones de pesos relacionados con la construcción de dos Centros de Atención Inmediata de Policía en Rionegro.
Obstáculos y cuestionamientos a la gestión
Los cargos se centran en debilidades de planeación y ejecución de los contratos, agravadas por obstáculos como la adquisición de predios para las obras, donde se requería comprar numerosas franjas de terreno, y algunas negociaciones derivaron en reclamos por daños y perjuicios debido a años de paralización que impidieron su uso.
“Había que comprar algunas franjas de terreno, muchas franjas de terreno, cuando fueron a hacer las negociaciones algunos cedieron, algunos vendieron, que están reclamando entre otras cosas que les paguen los daños y perjuicios porque durante muchos años no los han podido realizar”
Carlos Contreras, representante de la Veeduría Ciudadana al Central Park
“Esperamos que la Contraloría General de la República, quien nos informan, ejerce el poder preferente en este proceso, pues termine haciendo justicia y lo más pronto posible. No puede ser que estos procesos terminen demorándose, como en el Central Park, cinco o seis años, casi a punto de prescribir”
Carlos Contreras, representante de la Veeduría Ciudadana al Central Park
El gobernador Rendón ha rechazado los cargos, calificándolos de tener un tinte político, al señalar que la contralora saliente actuó a última hora y sin competencia, extralimitándose en sus funciones, por lo que se solicitó la nulidad del proceso. Según Rendón, esta acción desesperada responde a la negativa de crear y nombrar cerca de 200 cargos solicitados por ella, mientras que los puntos críticos de las ciclorrutas ya están contratados por la actual administración.
“Es evidente el tinte político que la acompaña: lo hace a última hora y sin competencia para ello, extralimitándose en sus funciones. Por esta razón, en este proceso se ha solicitado la nulidad. Los puntos críticos de las ciclorutas están contratadas por esta administración. La razón de este desesperado accionar: a la Contralora saliente le negaron la creación y nombramiento de cerca de 200 cargos”
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia
Este nuevo escándalo se enmarca en un contexto de vigilancia ciudadana prolongada y procesos judiciales que buscan esclarecer el manejo de recursos públicos en proyectos de infraestructura regional, donde la demora en las investigaciones genera preocupación por posibles prescripciones y la necesidad de una justicia pronta y efectiva.
