La Contraloría General de Antioquia ha formulado cargos por presunto detrimento patrimonial contra el actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, relacionados con fallas en la planeación y ejecución de un proyecto de ciclorrutas en el Oriente antioqueño durante su gestión como alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019. La decisión también alcanza a Rodrigo Hernández, gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, exgerentes de Indeportes Antioquia, siete exfuncionarios de esa entidad, las empresas Ingecon e IDC, así como a una aseguradora internacional, por irregularidades que incluyen debilidades en la etapa precontractual y contratos no cumplidos pese a importantes desembolsos realizados.
El proyecto, promovido por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) con una inversión cercana a los 25.000 millones de pesos, buscaba conectar municipios como Rionegro, Marinilla y otros del Oriente antioqueño mediante una red de ciclorrutas. Sin embargo, un contrato interadministrativo entre la Empresa de Vivienda de Antioquia e Indeportes por 34.458 millones de pesos derivó en pagos por 26.186 millones a Ingecon e IDC, sin que las obras se finalizaran efectivamente. Estas irregularidades fueron advertidas hace más de cinco años por veedurías ciudadanas, y los cargos se formularon recientemente, a pocos días de la salida de la contralora departamental.
Reacciones y contexto político
Andrés Julián Rendón ha calificado la medida de tener un tinte político evidente, argumentando que se tomó a última hora y sin competencia para ello, por lo que su equipo solicitó la nulidad del proceso. Según el gobernador, los puntos críticos de las ciclorrutas ya están contratados por la actual administración, y atribuye esta acción a que a la contralora saliente le negaron la creación y nombramiento de cerca de 200 cargos. Por su parte, la Contraloría General de la República asumió el poder preferente en el caso, remitiendo copias a la Fiscalía General de la Nación por posibles implicaciones penales.
Es evidente el tinte político que la acompaña: lo hace a última hora y sin competencia para ello, extralimitándose en sus funciones. Por esta razón, en este proceso se ha solicitado la nulidad. Los puntos críticos de las ciclorutas están contratadas por esta administración. La razón de este desesperado accionar: a la Contralora saliente le negaron la creación y nombramiento de cerca de 200 cargos.
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia
Desde la Veeduría Ciudadana al Central Park, Carlos Contreras ha expresado preocupación por las demoras en procesos similares, recordando la necesidad de adquirir franjas de terreno donde algunos propietarios cedieron pero ahora reclaman daños y perjuicios por años de imposibilidad de uso. Este caso se suma a otra investigación en curso por irregularidades en la construcción de dos Centros de Atención Inmediata de Policía en Rionegro, que involucra 1.270 millones de pesos.
Había que comprar algunas franjas de terreno, muchas franjas de terreno, cuando fueron a hacer las negociaciones algunos cedieron, algunos vendieron, que están reclamando entre otras cosas que les paguen los daños y perjuicios porque durante muchos años no los han podido realizar.
Carlos Contreras, representante de la Veeduría Ciudadana al Central Park
Esperamos que la Contraloría General de la República, quien nos informan, ejerce el poder preferente en este proceso, pues termine haciendo justicia y lo más pronto posible. No puede ser que estos procesos terminen demorándose, como en el Central Park, cinco o seis años, casi a punto de prescribir.
Carlos Contreras, representante de la Veeduría Ciudadana al Central Park
La información se basa en reportes de Blu Radio y el documento oficial de la Contraloría de Antioquia, que detalla los hallazgos en un proceso que podría marcar un precedente en la fiscalización de grandes obras regionales.
