La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de 2.603 millones de pesos contra la Secretaría Distrital de Integración Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), tras detectar una duplicidad en la atención de 1.315 niños de primera infancia durante las vigencias 2024 y 2025. La decisión, revelada por el subdirector de Responsabilidad Fiscal del ente de control, Diego Samudio Caballero, se sustenta en un cruce de bases de datos que evidenció que un mismo menor recibió servicios de forma simultánea por parte de ambas entidades, vulnerando la normatividad que prohíbe la financiación estatal concurrente.
La irregularidad fue descubierta durante una indagación preliminar que reveló fallas en los mecanismos de control y seguimiento de la Secretaría Distrital de Integración Social. Según el informe, en 2024 se registraron 339 casos de atención simultánea, mientras que en 2025 la cifra se disparó a 976, totalizando los 1.315 beneficiarios con servicios duplicados. El monto asociado a la vigencia 2024 supera los 1.025 millones de pesos, mientras que para 2025 asciende a 1.122 millones, sumando el detrimento total de 2.603 millones. El proceso vincula presuntamente a varios funcionarios que ejercieron como subdirectores para la Infancia en la Secretaría Distrital de Integración Social, quienes habrían omitido la verificación rigurosa de los beneficiarios.
Declaraciones del ente de control
Diego Samudio Caballero, subdirector de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá, fue enfático al señalar las consecuencias de esta situación. “Esta situación no solo compromete recursos públicos, sino que limita la posibilidad de ampliar la cobertura de los programas dirigidos a la primera infancia. Cada cupo utilizado de manera duplicada representa una oportunidad menos para muchos niños”, afirmó. La Contraloría atribuye la irregularidad a la falta de aplicación efectiva de la Resolución 218 de 2023, el Portafolio de Servicios institucional y los protocolos de seguimiento definidos por la Secretaría de Integración Social.
«Esta situación no solo compromete recursos públicos, sino que limita la posibilidad de ampliar la cobertura de los programas dirigidos a la primera infancia. Cada cupo utilizado de manera duplicada representa una oportunidad menos para muchos niños»
Diego Samudio Caballero, subdirector de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá
La defensa de la Secretaría
Frente a las acusaciones, la Secretaría Distrital de Integración Social ha salido al paso defendiendo su gestión. La entidad argumenta que la concurrencia de atenciones es un mecanismo legal para garantizar derechos y que los casos detectados representan un porcentaje mínimo de su cobertura total: apenas el 0,7% en 2024 y el 1,9% en 2025, considerando que ese año atendió a más de 51.900 niños. Asimismo, la Secretaría afirma que los 1.315 casos corresponden a niños atendidos por cajas de compensación familiar y entidades sin ánimo de lucro mediante convenios. La entidad distrital aseguró contar con mecanismos de seguimiento, control y verificación, como registros de asistencia, soportes de atención, historias sociales y sistemas de información institucionales, que respaldan la prestación efectiva de los servicios. En un comunicado, reiteró su disposición para colaborar con los organismos de control y afirmó que todas sus actuaciones se ajustan al cumplimiento de la normatividad vigente, incluyendo la Constitución Política, la Ley 1098 de 2006 y la Ley 1804 de 2016.
