La Contraloría de Bogotá, liderada por Juan Camilo Zuluaga Morillo, abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra Enel Colombia por un presunto detrimento patrimonial de 313.276 millones de pesos en el proyecto eólico Windpeshi, ubicado en La Guajira. Esta decisión surge de una indagación preliminar que reveló retrasos significativos en la ejecución de las obras, las cuales no avanzaron según lo planeado y culminaron en la suspensión indefinida del proyecto en mayo de 2023 sin que haya iniciado operaciones, a pesar de comprometer recursos importantes para fortalecer la generación de energía renovable en la región.
El proyecto, con una capacidad instalada prevista de 205 megavatios, registraba a marzo de 2022 un avance de apenas el 29,6 por ciento, por debajo del 33,7 por ciento esperado, y solo se habían construido siete de las 41 cimentaciones necesarias. Los equipos adquiridos, incluyendo aerogeneradores, no fueron instalados ni puestos en funcionamiento, mientras que dificultades en los trámites de licenciamiento generaron mayores costos y afectaron el cronograma original, dejando los recursos comprometidos sin cumplir el propósito para el cual fueron destinados.
Retrasos y mayores costos marcan la indagación
La indagación preliminar de la Contraloría detectó que los retrasos en los licenciamientos impactaron directamente la ejecución, elevando los gastos y llevando a Enel Colombia a suspender el Windpeshi sin que generara un solo kilovatio de energía. Este caso, revelado inicialmente por la Revista Semana, pone en evidencia los desafíos que enfrentan los proyectos de energías renovables en Colombia, particularmente en zonas como La Guajira, donde se buscaba potenciar la generación eólica.
«La Contraloría de Bogotá, como resultado de una indagación preliminar, abrió proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $313.276 millones, relacionado con el proyecto eólico Windpeshi».
Contraloría de Bogotá
«Se identificaron retrasos en los licenciamientos que afectaron la ejecución del proyecto y generaron mayores costos».
Contraloría de Bogotá
El contralor Juan Camilo Zuluaga Morillo enfatizó la gravedad del asunto al afirmar que se trata de un caso en el que se comprometieron recursos importantes sin que el proyecto cumpliera, hasta el momento, el propósito para el cual fue concebido. Para la fecha de los hechos analizados, los equipos adquiridos no habían sido puestos en operación dentro del Windpeshi. La investigación ahora busca determinar las responsabilidades por este detrimento, en un contexto donde los proyectos renovables demandan mayor agilidad administrativa para evitar similares situaciones en el país.
