La Contraloría de Bogotá emitió una alerta temprana respecto al cierre del esquema actual de aseo previsto para febrero, instando a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) a realizar una planeación estricta que evite riesgos fiscales y tarifarios. Esta medida surge tras una mesa de trabajo en la que se analizaron los efectos técnicos, financieros, contractuales y regulatorios del fin del modelo vigente, el cual debe cumplirse para acatar las órdenes de la Corte Constitucional y prevenir improvisaciones que generen doble remuneración o desequilibrios en el servicio.
El contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga, lideró esta iniciativa que precede a la Actuación Especial programada para marzo, enfatizando la necesidad de garantizar la continuidad del servicio de aseo en la capital. Entre los aspectos clave se destaca la revisión de bienes amortizados que revertirán al Distrito Capital, así como la protección reforzada a la población recicladora, reconocida constitucionalmente, respetando principios de legalidad, planeación, economía y responsabilidad fiscal. Estos riesgos potenciales afectan no solo la continuidad del servicio, sino también a usuarios, recicladores y las finanzas públicas.
Advertencia contra improvisaciones
En el marco de esta alerta, la Contraloría subrayó la importancia de evaluar opciones como la prórroga del esquema actual, un régimen transitorio o la estructuración de un nuevo modelo de prestación del servicio, todo ello con el fin de preservar la sostenibilidad y eficiencia sin comprometer los derechos de la ciudadanía.
«garantizar la continuidad, eficiencia y sostenibilidad del servicio, sin improvisaciones que afecten a la ciudadanía»
Contraloría de Bogotá
«cualquier decisión relacionada con la prórroga del esquema actual, la adopción de un régimen transitorio o la estructuración de un nuevo modelo de prestación del servicio debe garantizar la no regresividad de los derechos de esta población y la preservación de las acciones afirmativas ordenadas por la jurisprudencia constitucional»
Juan Camilo Zuluaga, contralor de Bogotá
Esta actuación busca blindar el cierre del modelo de aseo ante los desafíos impuestos por la Corte Constitucional, asegurando que Bogotá transite hacia la nueva fase sin interrupciones que impacten la calidad de vida de sus habitantes ni generen cargas adicionales para el erario público.
