La Contraloría General de la República desmintió este jueves 20 de enero de 2026 el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, conocido como Cancillería, sobre la implementación del nuevo modelo de pasaportes en Colombia. La entidad fiscalizadora advirtió graves retrasos, sobrecostos y riesgos fiscales en el proceso liderado por la ministra Rosa Yolanda Villavicencio Mary y la Imprenta Nacional de Colombia (INC), contradiciendo las afirmaciones oficiales de que no existen atrasos ni problemas financieros.
El análisis de la Contraloría se basó en radicados, cronogramas oficiales y documentación interna, revelando incumplimientos reiterados de plazos, prórrogas sucesivas, cambios inesperados en los cronogramas y una notable falta de estimación adecuada de costos, particularmente en el marco del Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025. Estos hallazgos exponen vulnerabilidades en la continuidad del servicio de expedición de pasaportes, con impactos directos en el presupuesto nacional y el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Frmre).
Riesgos operativos y fiscales en la mira
La Cancillería ha recurrido a mecanismos transitorios y contratos temporales para mantener el servicio, lo que genera exposición a riesgos cambiarios y un incremento significativo en los gastos operativos. La Contraloría emitió una advertencia preventiva de control fiscal tanto a la Cancillería como a la Imprenta Nacional de Colombia, subrayando la urgencia de corregir estas irregularidades para evitar mayores perjuicios al erario público y a los ciudadanos que dependen de la emisión oportuna de pasaportes.
Este desmentido pone en evidencia las discrepancias entre las declaraciones oficiales y la realidad documentada, recordando la importancia de la transparencia en procesos que afectan la movilidad internacional de los colombianos y la gestión eficiente de recursos estatales.
