La Contraloría General de la República, liderada por Carlos Hernán Rodríguez, reveló en un informe conocido este miércoles 10 de diciembre de 2025 un posible detrimento patrimonial de 1.618 millones de pesos en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), derivado de pagos incorrectos realizados a la interventoría contratada con DCO Ingeniería & Servicios S.A.S. Estos desembolsos se efectuaron a pesar de que los avances reales en los contratos supervisados no justificaban las sumas abonadas en su totalidad, afectando recursos destinados a la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y al Consorcio Fondo Colombia en Paz (FCP), bajo la dirección de Gloria María Miranda en el PNIS.
El contrato de interventoría número 371-2022, que supervisaba los contratos 359-2022, 377-2022 y 402-2022, incluyó pagos completos pese a que los avances técnicos registrados en los Planes Operativos Anuales (POA) apenas alcanzaban el 59%, 93% y 44% respectivamente, sin cumplir con el 100% requerido por la cláusula cuarta del acuerdo para autorizar tales desembolso. Esta irregularidad se detectó en la ejecución de proyectos del PNIS a lo largo de Colombia, destacando deficiencias significativas en los mecanismos de control interno de la ART, lo que permitió estos pagos no ajustados a la realidad de los avances.
Advertencia para programas de impacto social
La Contraloría enfatizó que estas irregularidades representan un riesgo para las inversiones en comunidades en transición hacia economías legales, debilitando la capacidad del PNIS para cumplir sus objetivos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, implementación de proyectos productivos sostenibles y garantía de seguridad alimentaria.
«Los porcentajes de avance registrados en los Planes Operativos Anuales (POA) no cumplían con el 100% requerido para autorizar pagos completos».
Contraloría General de la República
Además, el informe de la Contraloría apunta a otros hallazgos preocupantes, como irregularidades por más de 70 mil millones de pesos en el Fondo Todos Somos Pazcífico y 13.972 millones en un contrato para sistemas solares en Bojayá, Chocó, subrayando la necesidad de fortalecer la vigilancia en entidades clave.
«Deficiencias significativas en los mecanismos de control interno de la Agencia de Renovación del Territorio (ART)».
Contraloría General de la República
«Irregularidades como esta debilitan la capacidad del programa para cumplir sus objetivos y ponen en riesgo inversiones destinadas a comunidades que dependen de estos proyectos para transitar hacia economías legales».
Contraloría General de la República
En este contexto, la entidad hace un llamado urgente a mejorar los procesos de vigilancia, seguimiento y rendición de cuentas en iniciativas de alto impacto social como el PNIS, para evitar futuros detrimentos que afecten directamente a las poblaciones más vulnerables en regiones productoras de cultivos de uso ilícito.
«Debe ser tomada como una advertencia sobre la necesidad de fortalecer los procesos de vigilancia, seguimiento y rendición de cuentas en programas de alto impacto social como el PNIS».
Contraloría General de la República
