La Contraloría General de la República ha alertado sobre graves irregularidades en el recaudo, administración y ejecución del impuesto al turismo durante la vigencia de 2023, identificando hallazgos fiscales por un total de 28.310 millones de pesos que afectan directamente a entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), Fontur y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Rodolfo Zea, delegado de Comercio y Desarrollo de la Contraloría, reveló estos hallazgos en el marco de una auditoría de cumplimiento que expuso descoordinación entre las instituciones responsables, fallas en la fiscalización, planeación y supervisión del manejo de estos recursos destinados a la promoción turística, competitividad, infraestructura y tejido social en las regiones.
Entre las deficiencias más notorias se encuentra el proyecto de embarcaderos fluviales, planeado para 81 municipios en Colombia, con una incidencia fiscal de 23.006 millones de pesos. Aunque la fabricación de 88 módulos ya concluyó e inició el 26 de diciembre de 2023 con finalización prevista para el 25 de agosto de 2025, solo cinco han sido instalados y entregados debido a la ausencia de licencias ambientales, permisos, accesos viales y diseños detallados adecuados para las zonas fluviales. Adicionalmente, se detectaron afectaciones por 5.303 millones de pesos derivadas de declaraciones extemporáneas de aerolíneas en 2021 y 2022, ya que la Dian no ejerció sus facultades para verificar, liquidar y sancionar los incumplimientos en la declaración y transferencia de estos fondos, que corresponden a 15 dólares por cada turista internacional en tiquetes aéreos con tráfico que incluye Colombia.
Descoordinación pone en riesgo el Presupuesto General de la Nación
La auditoría evidenció una falta generalizada de fiscalización en las declaraciones de las aerolíneas, obligadas a recaudar el impuesto y declararlo oportunamente, así como en la obtención de licencias ambientales y permisos para la instalación de infraestructura. Estos hechos representan un riesgo para el Presupuesto General de la Nación y los municipios beneficiarios, con casos ya remitidos a la Procuraduría General de la Nación y a la delegada de responsabilidad fiscal de la Contraloría.
«desde la Contraloría General de la República, en la Delegada de Comercio y Desarrollo Regional, veníamos advirtiendo de que existe descoordinación en el recaudo y utilización del impuesto al turismo por las entidades que participan»
Rodolfo Zea, delegado de Comercio y Desarrollo de la Contraloría
«esto evidenció que hay un daño fiscal para el país por más de cinco mil millones de pesos»
Rodolfo Zea, delegado de Comercio y Desarrollo de la Contraloría
«están hechos, pero no los han podido instalar debido a que faltan licencias, permisos ambientales, accesos de vías y unos estudios y diseños en detalle que permitan llegar de manera adecuada a estas zonas fluviales de Colombia»
Rodolfo Zea, delegado de Comercio y Desarrollo de la Contraloría
«aquí la Contraloría encontró que hay $28.000 millones que están en riesgo o que ya tienen un presunto daño fiscal»
Rodolfo Zea, delegado de Comercio y Desarrollo de la Contraloría
Estas revelaciones subrayan la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y coordinación entre las entidades para garantizar que los recursos del impuesto al turismo se utilicen de manera eficiente y transparente, evitando mayores perjuicios a la industria turística nacional y a las comunidades locales que dependen de estas inversiones.
