La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre el futuro del Programa de Alimentación Escolar (PAE) al revelar hallazgos fiscales por 39.139 millones de pesos y advertir que trece Entidades Territoriales Certificadas (ETC) no tienen procesos contractuales ni recursos asegurados para garantizar la operación del programa durante 2026. La alerta surge de un total de 32 auditorías de cumplimiento practicadas a lo largo de 2025 sobre los recursos ejecutados en la vigencia anterior, y deja en evidencia un panorama crítico para miles de estudiantes que dependen de este servicio.
El organismo de control identificó en total 84 hallazgos administrativos, de los cuales 71 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno penal y cinco fueron remitidos para indagación preliminar. En materia fiscal, 41 hallazgos comprometen los 39.139 millones de pesos mencionados, una cifra que refleja el tamaño de las irregularidades detectadas en la gestión de los recursos destinados a la alimentación escolar. Lo más preocupante, según el comunicado oficial, es que en las trece ETC alertadas algunos contratos ya habían terminado o estaban próximos a finalizar al momento de las auditorías, y no se encontró evidencia de nuevos procesos contractuales en curso ni de disponibilidad presupuestal para el próximo año.
Riesgo de interrupción para cerca de un millón de estudiantes
La advertencia cobra una relevancia especial si se considera que la cobertura nacional del PAE para 2026 está proyectada en un 87 por ciento, lo que significa que cerca de un millón de estudiantes en todo el país continuarían sin recibir alimentación escolar. La Contraloría subrayó que las irregularidades detectadas representan situaciones reiteradas de sobrecostos, deficiencias en la ejecución contractual e incumplimientos que comprometen directamente los recursos públicos que deberían proteger a la niñez y la adolescencia. En ese sentido, el organismo insistió en que el programa aún no alcanza la cobertura universal, lo que agrava el impacto de cualquier interrupción en los territorios certificados.
«La Contraloría General de la República lamenta las reiteradas situaciones fiscales detectadas en materia de sobrecostos, deficiencias e incumplimientos en el Programa de Alimentación Escolar, ya que comprometen recursos públicos que deberían destinarse a la atención de niños, niñas y adolescentes, especialmente si se tiene en cuenta que aún no se ha alcanzado la cobertura universal del PAE a nivel nacional».
Contraloría General de la República, comunicado oficial
El análisis de los hallazgos fiscales revela además una distribución que evidencia las fallas estructurales del programa: el 60 por ciento corresponde a problemas de planeación, manejo de la información, supervisión y control contractual; un 30 por ciento está asociado a sobrecostos en los pagos a manipuladoras de alimentos y en las raciones entregadas; y el 10 por ciento restante obedece a mayores valores pagados sin justificación. La Contraloría aclaró que estos hallazgos fiscales seguirán los trámites correspondientes ante las instancias competentes para establecer las responsabilidades del caso, mientras se espera que las entidades territoriales tomen medidas urgentes que garanticen la continuidad del servicio en 2026.
