La Contraloría General de la República detectó graves irregularidades en la gestión de bienes incautados a la mafia que administra la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en Medellín, generando un daño fiscal superior a 1.800 millones de pesos durante 40 meses. Los problemas se centran en contratos de arrendamiento cuestionables con empresas como I.L.F.C.M S.A.S. en junio de 2022 y Producterra S.A.S. en agosto de 2022, este último terminado en abril de 2023, así como en subarriendos no autorizados, incluyendo uno vigente de Producterra a Alta Gama Propiedades S.A.S. Estos bienes, ubicados en sectores como El Poblado con las mansiones Villa Merlot y Villa Mónaco, un lote expropiado al clan Ochoa que albergaba las discotecas La Chula y La Chismosa, y Los Balsos, han sido administrados por la SAE desde 2013 tras un depositario provisional previo.
La auditoría reveló fundamentos jurídicos que no coinciden con la realidad fáctica, ejecución de contratos sin la autorización del Comité Central de Negocios de la SAE y subarriendos prohibidos, como el que genera un canon mensual de 45 millones de pesos. Figuras clave involucradas incluyen a Alejandro Henao Barrera, exdirector regional de la SAE en Antioquia; Juan Fernando Zabala Castro, representante legal de Producterra S.A.S.; Luis Fernando Castaño Marín; y el senador Jhon Jairo Roldán del Partido Liberal. Además, un predio previo había sido arrendado a Juan Guillermo Tirado Tobón, contrato terminado por presunto incumplimiento en pagos, y Mateo Toro Maya, propietario de Alta Gama Propiedades S.A.S., evitó comentar sobre el caso.
Informes y reacciones en la SAE
El informe de auditoría, conocido recientemente por la revista Cambio, reposa actualmente en el despacho de Amelia Pérez, presidenta de la SAE, quien definirá los pasos legales a seguir, incluyendo un nuevo intento de contrato para el período 2025-2027. Estos bienes, incautados a estructuras criminales, deberían generar ingresos para el Estado, pero las fallas administrativas han derivado en pérdidas millonarias por arrendamientos discutibles y la cesión de facultades de policía administrativa a terceros sin permiso.
«No lo he recomendado para ningún cargo»
Jhon Jairo Roldán, senador del Partido Liberal
«Nunca se autorizó el ejercicio de las facultades de policía administrativa a un tercero»
Alejandro Henao Barrera, exdirector regional SAE Antioquia
Este escándalo pone en entredicho la transparencia en la administración de activos extroversión al narcotráfico, subrayando la necesidad de controles estrictos para evitar más daños al erario público en una región marcada por el legado de la mafia.
