La Contraloría General de la República ha identificado fallas estructurales en la protección colectiva que brinda la Unidad Nacional de Protección (UNP) a líderes sociales y comunidades en riesgo en diversos territorios colombianos, durante el periodo comprendido entre 2019 y 2025. Esta conclusión surge de una auditoría financiera correspondiente a la vigencia 2024, que revela demoras significativas, deficiencias en la ejecución de medidas de protección y una brecha evidente entre las resoluciones emitidas y su implementación real en el terreno.
El informe de seguimiento a la gestión de la UNP destaca que el número de colectivos efectivamente protegidos resulta muy inferior al total de solicitantes, con un porcentaje de cobertura notablemente bajo en relación con la demanda total. Estas irregularidades no se deben a una falta de normas o recursos presupuestales, sino a problemas estructurales como la insuficiencia de medidas frente a los riesgos identificados, una implementación incompleta y un uso ineficiente de los fondos disponibles.
Brechas en la ruta de protección y deficiencias operativas
La ruta de protección colectiva se limita en gran medida a la emisión de resoluciones de recomendación de medidas, sin que estas se reflejen de manera efectiva en los territorios, lo que genera una vulnerabilidad aumentada para líderes sociales y comunidades. Entre las deficiencias operativas se encuentran fallas en la supervisión y ejecución de contratos, particularmente en el arrendamiento de vehículos, así como una priorización inadecuada de recursos que asigna costos elevados por beneficiario a poblaciones con niveles de riesgo más bajos, en detrimento de otras más expuestas. Además, aunque las medidas colectivas son más eficientes, representan solo un peso marginal en el gasto total, evidenciando un uso ineficiente del presupuesto.
«La Contraloría ya dijo que la protección de la UNP no falla por falta de normas, sino por mala implementación, demoras, baja cobertura y uso ineficiente de los recursos. El problema no es presupuestal: es estructural. Y mientras nadie asume la corrección, los líderes siguen muriendo.»
Observación recogida en el informe de la Contraloría General de la República
Los informes revisados por la Contraloría subrayan que las obligaciones no se cumplen cabalmente, y en sus conclusiones se determina que la integralidad de la ruta de protección colectiva resulta parcial, ya que se cumple al examinar las resoluciones, pero no en su implementación efectiva. Esta brecha estructural entre los riesgos identificados y la protección real incrementa la vulnerabilidad de los derechos a la vida y la integridad de estos grupos.
«Se determina que la integralidad de la ruta de protección colectiva resulta parcial, pues se cumple al examinar las resoluciones de recomendación de medidas, pero no se refleja totalmente en su implementación.»
Contraloría General de la República, conclusiones del informe
La responsabilidad de corregir estas fallas recae en la UNP, la Procuraduría General de la Nación y otras entidades competentes, con recomendaciones que incluyen una mayor participación ciudadana en el control social. Este informe reciente de 2024 resalta la persistencia de problemas desde periodos anteriores, urgiendo acciones inmediatas para garantizar la efectividad de las medidas de protección en Colombia.
