La Contraloría General de la República detectó graves irregularidades en los soportes de la auditoría al programa de vivienda rural, pagada con $9.000 millones, y estableció un hallazgo fiscal con presuntas incidencias disciplinaria y penal. El hallazgo recae sobre el contrato de consultoría que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural suscribió en 2025, durante el gobierno de Gustavo Petro, con el Consorcio AUDIVIV, integrado por SCP y ATI Internacional. La Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario validó el hallazgo tras revisar 9.636 actas, encontrando inconsistencias como fotografías repetidas y coordenadas duplicadas que afectan la confiabilidad de la verificación pagada con fondos públicos.
El contrato con el Consorcio AUDIVIV fue suscrito en 2025 por el Ministerio de Agricultura para verificar en terreno el estado de 12.089 subsidios de vivienda rural y cargar las actas en los sistemas del Ministerio, con un desembolso de $9.000 millones. La auditoría contratada documentó obras inconclusas, viviendas no construidas y al menos 100 que requieren demolición por no cumplir condiciones de sismorresistencia, y recomendó liquidar contratos incumplidos y concentrar recursos en unas 3.000 unidades consideradas viables para reactivación. La Contraloría encontró que menos del 1% de las viviendas fueron entregadas de manera satisfactoria según la auditoría.
Fotografías y coordenadas repetidas
Durante la revisión de las actas, la Contraloría identificó 1.105 grupos de fotografías idénticas en 2.571 actas, y 4.509 actas, equivalentes al 46,7% del total revisado, con coordenadas exactamente coincidentes. Un caso ilustrativo fue una misma fotografía de un baño que apareció en 21 actas correspondientes a viviendas de 10 departamentos distintos. Asimismo, un mismo punto de coordenadas se repitió en 80 actas de cuatro municipios del Huila y en 42 actas del Tolima y Amazonas. La Contraloría también reportó que el consorcio reportó 217 visitas diarias promedio en zonas rurales, un volumen considerado incompatible con la realidad del terreno. El consorcio justificó algunas inconsistencias señalando que durante las visitas realizadas no fue posible contar con el acompañamiento de las autoridades locales, debido a la situación de orden público que actualmente afecta la zona, en municipios de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Santander, Norte de Santander y Amazonas.
«La Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, validó un hallazgo con incidencia fiscal y presuntas incidencias disciplinaria y penal por $9.000 millones. El hallazgo recae sobre el contrato de consultoría que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural suscribió en 2025 con el Consorcio AUDIVIV»
Comunicado de la Contraloría General de la República
El hallazgo fiscal, que asciende a $9.000 millones, busca determinar responsabilidades por las inconsistencias en los soportes documentales presentados por el contratista. La Contraloría advierte que estas irregularidades afectan la confiabilidad de la verificación de los subsidios de vivienda rural, un programa clave para el gobierno nacional. El caso queda ahora en manos de las autoridades disciplinarias y penales para determinar las sanciones correspondientes, mientras se espera que el Ministerio de Agricultura tome medidas para garantizar la correcta ejecución de los recursos públicos destinados a la vivienda rural.








