La Contraloría General de la República detectó seis irregularidades graves en el contrato suscrito entre la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur) y la empresa Dibanka S.A.S., un convenio que compromete los recursos públicos destinados al bienestar de unos 105 mil policías pensionados afiliados. La auditoría reveló deficiencias estructurales, operativas, contractuales y contables en el acuerdo para la transformación digital y la prestación de servicios de salud y recreación, firmado en el segundo semestre de 2020, poco después de la constitución de Dibanka el 18 de agosto de ese mismo año y tras informar a los afiliados en mayo.
El informe de 22 páginas, resultado de una revisión integral del convenio, evidencia la ausencia de soportes documentales, estudios previos de mercado, evaluaciones de idoneidad de los representantes legales ni verificaciones de antecedentes disciplinarios, fiscales o penales. Todo se desarrolló con sedes en Bogotá para Dibanka y la Fundación Donarte, esta última subcontratista para proyectos de concientización en salud mental y física, así como un plan vacacional en Apulo, Cundinamarca, que no se ejecutó y carece de beneficiarios o soportes. Estas fallas generaron un presunto daño patrimonial parcial de 1.622 millones de pesos solo por el servicio de la plataforma en la nube de la Fundación Donarte, con devoluciones a Casur del 17 por ciento en 2021 y 18 por ciento en años posteriores.
Deficiencias que comprometen la legalidad y transparencia
La Contraloría subrayó que la situación obedece a fallas estructurales en la planeación, ejecución y control del gasto por parte de Casur, al contratar servicios sin los requisitos legales y técnicos mínimos, lo que incluye la falta de desagregación de costos trasladados directamente desde la Fundación Donarte sin discriminación detallada, pese a las solicitudes del ente de control. Además, no hay evidencia de supervisión sobre los objetos contractuales ni de la ejecución real, lo que pone en duda la integridad de la cuenta, la legalidad de los pagos y la oportunidad en las decisiones financieras de la entidad.
«La revisión integral del convenio suscrito entre la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur) y la empresa Dibanka S.A.S. evidenció una serie de deficiencias estructurales, operativas, contractuales y contables que comprometen la legalidad, transparencia y eficacia en la administración de recursos públicos».
Contraloría General de la República
«Estos hechos no solo reflejan deficiencias administrativas y contables, sino que también generan una profunda incertidumbre sobre la integridad de la cuenta, la legalidad de los pagos realizados, la validez de los soportes documentales y la oportunidad en la toma de decisiones financieras en el interior de la entidad».
Contraloría General de la República
Este escándalo se suma a denuncias de pensionados que datan de hace cinco años por deficiencias en servicios y descuentos injustificados, afectando especialmente a mayores de 60 años con enfermedades cardiovasculares, metabólicas, trastornos del sueño, estrés o ansiedad. La auditoría, conocida recientemente por la revista Semana, llevó a la Contraloría a solicitar una investigación preliminar para determinar la cuantía final del daño, bajo la dirección anterior de Casur por el brigadier general Jorge Alirio Barón Leguizamón.
«Es decir, se le trasladan estos costos directamente a Casur y no se desagregan ni se desglosan estos valores cobrados por la Fundación, valores que se solicitaron por este ente de control desagregar y discriminar, pero finalmente no fueron allegados a esta auditoría».
Contraloría General de la República
La entidad enfatizó que «la situación obedece a fallas estructurales en la planeación, ejecución y control del gasto por parte de Casur, al haberse contratado un servicio sin contar con los requisitos legales y técnicos mínimos», lo que resalta la urgencia de fortalecer los mecanismos de control para salvaguardar el bienestar de los policías retirados.
