La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en tres contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) suscritos entre 2022 y 2025, durante el gobierno de Gustavo Petro, entre los que se destaca un sistema biométrico valorado en 580 millones de pesos que, según el ente de control, nunca habría funcionado. Los hallazgos fueron identificados en el marco de la auditoría financiera que el organismo adelanta a la DNI correspondiente a la vigencia fiscal 2025 y abarcan contratos por más de 2.098 millones de pesos en total.
Las observaciones, que podrían configurar un presunto detrimento patrimonial para los recursos públicos, fueron notificadas a la entidad, la cual dispuso de un plazo de cuatro días hábiles para presentar explicaciones y ejercer su derecho de contradicción y defensa. La auditoría se centró en tres convenios específicos: el sistema biométrico, una plataforma de contrainteligencia y los diseños de un edificio para la sede operativa de la DNI en Funza, Cundinamarca.
Sistema biométrico pagado y sin operación
De acuerdo con la información recopilada por la Contraloría, el contrato 053 de 2022, suscrito con la empresa Protactis S. A. S., fue celebrado por un valor de 580 millones de pesos, incluido IVA, y pagado en su totalidad. El objeto era la implementación de un sistema biométrico ABIS, cuyo plazo inicial se extendió hasta el 20 de diciembre de 2022 sin incremento de valor. El pago se condicionó a la puesta en funcionamiento del sistema, la cual fue certificada al 100% el 28 de diciembre de ese mismo año. Sin embargo, la auditoría estableció que el sistema nunca habría entrado en operación real, lo que representa uno de los hallazgos más graves por el posible desperdicio de recursos públicos.
Plataforma de contrainteligencia inconclusa
El segundo contrato observado es el 043 de 2023, adjudicado al Grupo de Consultoría de Informática (GCI) por 1.155.620.900 pesos, con el propósito de desarrollar una plataforma de contrainteligencia. El plazo de ejecución vencía el 17 de abril de 2026, pero la Contraloría constató que, pese a dos prórrogas otorgadas para culminar las pruebas, el sistema no estaba terminado ni en operación para el 27 de octubre de 2026. El avance físico reportado alcanzaba el 90,43% y el financiero el 60,36% al 27 de abril de 2026, lo que evidencia un desfase entre los recursos desembolsados y los resultados concretos.
Diseños de edificio con deficiencias técnicas
El tercer contrato cuestionado es el 044 de 2023, firmado con Supreme Construcciones S. A. S. por 362.364.374,99 pesos, para la elaboración de los diseños del edificio que albergaría la sede operativa de la DNI en Funza. La auditoría identificó múltiples deficiencias en los diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos e hidrosanitarios. Entre las fallas detectadas se encuentran cambios no justificados en la resistencia del concreto, modificación del espesor de muros de 0,10 a 0,15 metros, incorporación de elementos metálicos adicionales, sustitución de servicios sanitarios por unidades portátiles, así como vibraciones en la escalera principal y una caja de inspección que quedó cubierta por el acabado del suelo, situaciones verificadas el 28 de octubre de 2026.
Estos hallazgos, que comprometen la correcta inversión de recursos públicos, quedaron formalizados en el informe de auditoría financiera y podrían derivar en acciones fiscales si la DNI no logra desvirtuar las observaciones en el término otorgado. El director general de la DNI, Jorge Andrés Zuluaga López, deberá responder por las presuntas irregularidades en la supervisión y ejecución de estos contratos mientras el organismo de control continúa su labor de vigilancia sobre el uso de los recursos de la inteligencia colombiana.
