La Contraloría General de la República impuso un hallazgo fiscal por 213 millones 548 mil 69 pesos y 50 centavos al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional debido al uso indebido de aeronaves por parte de Juliana Guerrero, secretaria ejecutiva del despacho del ministro Armando Benedetti y jefa de gabinete de esa cartera, para asistir a sesiones del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. El incidente ocurrió los 19 y 20 de junio de 2025, cuando Guerrero viajó desde Bogotá hasta Valledupar en el avión PNC-0242, llegando a las 9:47 de la noche del día 19, y al siguiente día utilizó el helicóptero Bell 212 PNC-0495 para desplazarse de Valledupar a Aguachica a las 8:00 de la mañana, regresando a Valledupar a las 3:00 de la tarde.
Estos traslados, que incluyeron rutas como Bogotá-Valledupar y Valledupar-Aguachica-Valledupar, fueron autorizados bajo el Convenio 400-2025 suscrito entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, pero se presentaron falsamente como una «misión secreta», cuando en realidad correspondían a actividades internas de la Universidad Popular del Cesar ajenas a las funciones oficiales del Ministerio. El gasto principal recayó en combustible, ascendiendo a los 213.548.069,50 pesos, configurando una mengua del patrimonio público por gestión ineficaz, ineficiente y antieconómica.
El ministro Benedetti se pronuncia sobre el caso
Armando Benedetti, ministro del Interior, se desligó de la responsabilidad al afirmar que Juliana Guerrero, de apenas 22 años, le había asegurado que el viaje respondía a una misión encomendada y secreta, sin informarle que se trataba de una reunión en la universidad. Además, enfatizó que la funcionaria no tenía facultad para solicitar aeronaves a discreción. Guerrero representaba al presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, y en el periplo participaron también Verónica Guerrero, René Segundo Hernández y José Carlos Pérez Yancy.
«Ella me había dicho que el viaje era para una misión encomendada y secreta… Juliana nunca me informó que ese traslado era para asistir a una reunión en una universidad»
Armando Benedetti, ministro del Interior
«la funcionaria no tenía la facultad de solicitar aeronaves a discreción»
Armando Benedetti, ministro del Interior
El Convenio 400-2025 solo autoriza vuelos para actividades misionales, seguridad y orden público, por lo que el uso para fines universitarios carece de sustento legal. Este hallazgo fiscal fue revelado inicialmente por la revista Cambio y ya fue remitido a la Procuraduría General de la Nación para investigar posibles faltas disciplinarias contra los involucrados del Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
El caso pone en evidencia irregularidades en el manejo de recursos públicos y el uso de infraestructura estatal para fines personales o no autorizados, destacando la juventud de la principal responsable y su cercanía al alto mando gubernamental.
