Contraloría halla fallas en SAE que arriesgan $8.839 millones en bienes decomisados

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La Contraloría General de la República emitió una alerta urgente tras identificar graves fallas en los controles internos y la gestión de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), lo que pone en riesgo bienes del Estado valorados en 8.839 millones de pesos incautados al crimen organizado. Esta auditoría, realizada en las vigencias de 2023, 2024 y el primer semestre de 2025, y conocida en las últimas horas desde la sede de la Contraloría en Bogotá, reveló 22 hallazgos administrativos que comprometen la administración de propiedades sometidas a procesos de extinción de dominio.

Entre las deficiencias más destacadas se encuentran problemas en el seguimiento de inventarios, la coordinación interdepartamental, la ejecución de desalojos, los sistemas de información y el cumplimiento de lineamientos internos. De estos 22 hallazgos, once presentan presunta incidencia fiscal y diecisiete podrían tener alcance disciplinario, lo que anticipa la apertura de procesos formales por parte de la Contraloría y exige a la SAE la presentación inmediata de un plan de mejoramiento para mitigar riesgos fiscales y evitar pérdidas al patrimonio público.

Deficiencias que comprometen el patrimonio nacional

La SAE, encargada de custodiar, administrar y comercializar bienes decomisados a organizaciones ilegales, enfrenta sistemas de información poco confiables que impiden un monitoreo en tiempo real, así como incumplimientos en la ejecución de desalojos, la estimación de cánones de arrendamiento, la comercialización de activos y la rendición de cuentas. Un caso emblemático mencionado en el informe es el de una diligencia de desalojo fallida en un predio vinculado a alias ‘Portafolio’, lo que ilustra las vulnerabilidades en la gestión operativa.

Este informe no solo pone en evidencia la fragilidad de los mecanismos de control en la SAE, sino que subraya la necesidad urgente de fortalecer la administración de estos activos estratégicos para proteger el erario público y garantizar que los bienes recuperados del crimen sirvan efectivamente al interés general de la nación.

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