La Contraloría General de la República dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $226.718 millones contra la liquidada Medimás EPS, la IPS Estudios e Inversiones Médicas (Esimed) y seis de sus exdirectivos, tras comprobarse un grave detrimento a los recursos públicos del sistema de salud. La decisión, adoptada por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, establece una responsabilidad solidaria entre las dos empresas y los exfuncionarios, entre los que se cuentan dos expresidentes de la EPS, así como exvicepresidentes y la exgerente de tesorería. Las irregularidades se concentran en cinco grandes hallazgos que evidencian la desviación sistemática de los dineros destinados a la atención de los pacientes.
El golpe más fuerte al erario lo constituyen los $205.808 millones girados a terceros como anticipos que nunca fueron amortizados ni justificados, una cifra que representa cerca del 91% del total del fallo. A esto se suman $12.679 millones en pagos por servicios asistenciales que superaron los montos pactados en los contratos, otros $4.223 millones por la compra de medicamentos a precios por encima de los techos máximos regulados y $3.758 millones desembolsados para cancelar facturas que tenían glosas u objeciones pendientes de resolver. Finalmente, se detectaron giros en exceso por $248 millones que sobrepasaron el costo real facturado, completando un panorama de manejo fiscalmente irresponsable durante la operación de ambas compañías.
Un nuevo revés fiscal tras millonaria sanción previa
Esta sanción se suma a un fallo fiscal anterior proferido en 2024 por $89.828 millones contra la misma Medimás, que ya había sido castigada por anticipos no legalizados, pago de multas y desembolsos por servicios médicos prestados a personas fallecidas. Con esta nueva determinación, la responsabilidad solidaria alcanza a los exdirectivos señalados, quienes deberán responder con su patrimonio por el desfalco mientras la EPS operaba y dilapidaba los recursos parafiscales de la salud. La decisión de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción refuerza el mensaje de que las irregularidades en el manejo de estos fondos públicos no quedarán impunes.
La Contraloría General reporta que en su gestión actual ha proferido 1.090 fallos con responsabilidad fiscal por un valor superior a los $3,37 billones. De ese total, la entidad ha logrado una recuperación efectiva de $4,41 billones, lo que demuestra una intensificación en la lucha contra la corrupción administrativa. En la actualidad, el organismo adelanta 3.029 procesos de cobro coactivo para recuperar obligaciones fiscales que suman $12,8 billones, al tiempo que la Unidad Especial Anticorrupción tramita 290 actuaciones que comprometen más de $15 billones, con 43 fallos fiscales en casos de alto impacto entre los que se incluyen los sonados procesos contra Bioenergy, Cafesalud, Saludcoop, Aerocafé y el proyecto Centros Poblados. El caso de Medimás se consolida así como uno de los mayores desfalcos a la salud pública colombiana, y el fallo en firme impone el desafío de materializar el cobro de una suma que supera los 226 mil millones de pesos.
