La Contraloría General de la República ha iniciado una actuación de control fiscal sobre 91 contratos firmados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) durante la vigencia de la Ley de Garantías Electorales, tras la denuncia presentada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza. Esta investigación, liderada por Nivaldo Hernán Onatra Campo, jefe de la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso de la Contraloría, y la Contraloría Delegada para la Inclusión Social, se centra en presuntas irregularidades en la contratación de 12 contratos nuevos y 79 prórrogas, suscritos a partir del 8 de noviembre de 2025, fecha de inicio de la ley que prohíbe nuevos compromisos en periodo electoral. Los hechos ocurrieron en Colombia, afectando 54 zonas como Apartadó, Chigorodó, Necoclí y Turbo en el Urabá antioqueño, así como Segovia, Andes, La Guajira, Guainía, Chocó, Putumayo, Sucre, Vichada y Tolima, donde se registraron fallas en el sistema Secop II apenas 30 minutos antes de la medianoche del día anterior.
Los contratos en cuestión suman más de 121 mil millones de pesos, con los 12 nuevos alcanzando los 25.812 millones y las 79 prórrogas distribuidas en 28 en fase de diseño, 22 en configuración, 20 pendientes de firma por la entidad y 9 por el contratista. La denuncia de Pedraza fue confirmada mediante documento oficial de Onatra Campo, en un contexto donde Colombia Compra Eficiente solo autorizó la continuidad de procesos ya iniciados previamente. El Icbf enfrenta retrasos de al menos dos meses en la entrega de alimentación escolar en estas zonas, lo que derivó en una nueva invitación pública por 47 mil millones de pesos, mientras el instituto atribuye los problemas a errores del sistema y fallas técnicas.
Presuntas violaciones y llamados a la vigilancia
La Ley de Garantías Electorales restringe la contratación pública para evitar favoritismos en periodos electorales, y los resultados preliminares de la revisión ya fueron remitidos a Pedraza, quien además solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación. El equipo jurídico de la representante identifica como posibles causas una mala planeación o incluso indicios de corrupción en los procesos atrasados del Icbf.
“Gracias a nuestra denuncia, la Contraloría abrió investigación. (..) No se puede jugar con la niñez ni con los recursos públicos destinados a su bienestar. Seguiremos vigilando“
Jennifer Pedraza, representante a la Cámara
Este caso pone en evidencia las tensiones entre la ejecución de programas sociales esenciales y las normas electorales, con la Contraloría comprometida a profundizar en el control fiscal para garantizar la transparencia en el uso de recursos destinados al bienestar infantil en todo el país.
