La Contraloría General de la República objetó el plan del Gobierno de Gustavo Petro para trasladar 25 billones de pesos en ahorros pensionales de fondos privados a Colpensiones, al considerarlo inviable desde el punto de vista jurídico y fiscal, con riesgos significativos para las finanzas nacionales y la rentabilidad de los afiliados. Esta decisión se basa en un informe conocido por el periódico El Tiempo, que analiza el proyecto de decreto en consulta pública hasta el jueves 12 de marzo de 2026, e involucra a 119.496 afiliados cuyos recursos, valorados en 24,7 billones de pesos en un plazo de 15 días, no podrían ser movidos en su totalidad.
La objeción surge porque la mayoría de estos afiliados, específicamente aquellos que no han consolidado su derecho a pensión —solo 18.507 lo han hecho—, no cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente, como el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 y el Decreto 1225 de 2024. Además, no existe aún el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc), que debería ser gestionado por el Banco de la República, lo que impide recibir estos recursos de manera institucional. Este traslado, según la Contraloría, generaría una menor rentabilidad estimada en 4% para los afiliados y expondría al sistema a cargas fiscales pesadas para las generaciones futuras.
Riesgos fiscales y jurídicos destacados
En el contexto de la reforma pensional que se encuentra bajo revisión de la Corte Constitucional, la Contraloría enfatizó que los ahorros pensionales tienen una naturaleza parafiscal protegida por la Constitución, por lo que no son transferibles hasta que los afiliados consoliden su pensión tras cambiar de régimen. Entre los riesgos identificados figuran el incremento del pasivo pensional, posibles pérdidas derivadas de la liquidación acelerada de inversiones y la ausencia de mecanismos para manejar estos fondos. Gremios como Asofondos han rechazado la iniciativa por la falta de una arquitectura institucional adecuada, y podrían generarse indemnizaciones por la cancelación de contratos con administradoras privadas.
“no resultaría jurídicamente viable ordenar el traslado de la totalidad de los recursos correspondientes a las 119.496 personas trasladadas, dado que la mayoría de ellas aún no ha adquirido el derecho de pensión”
Contraloría General de la República, informe
“nosotros, ahora, lo que hacemos es una revisión constitucional del tema y vemos varias limitantes”
Contraloría General de la República
La entidad también advirtió que esta medida “impondrá duras cargas fiscales a las generaciones futuras”, subrayando la necesidad de respetar los principios constitucionales en el manejo de estos recursos. Mientras la consulta pública avanza, el debate sobre la reforma pensional se intensifica en Colombia, con implicaciones profundas para la estabilidad financiera del país y los derechos de millones de cotizantes.
