La Cancillería de Colombia remitió 19 contratos por más de 100.000 millones de pesos a la Contraloría General de la República tras una revisión de 811 procesos de contratación que detectó posibles irregularidades en la administración del expresidente Gustavo Petro. La investigación, dirigida por el canciller Omar Bula, identificó patrones alarmantes como concentración de firmas en dos días, actividades repetidas en 551 contratos y diferencias de precio de hasta cuatro veces en acuerdos con el mismo objeto contractual.
La auditoría, ordenada por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella como parte de las auditorías forenses anunciadas el 29 de agosto de 2026, se centró en la contratación de enero de ese año, justo antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías que restringe la contratación en periodos electorales. La Secretaría General de la Cancillería analizó 811 contratos, de los cuales 322 fueron firmados en apenas dos días durante enero de 2026, y 227 se suscribieron el 30 de enero de 2026 por un valor de 21.137 millones de pesos, equivalente al 28,1% de la contratación anual, un día antes de las restricciones electorales.
Contratos sospechosos y cuantiosos montos
Entre los hallazgos más preocupantes, la Cancillería detectó que 367 contratos tenían objetos contractuales idénticos pero montos diferentes, y que el 53,4% de la contratación anual se concentró en las semanas previas a la Ley de Garantías. Además, se encontraron 101 contratos suscritos durante fines de semana, un contrato por 2.839 millones de pesos con un plazo de ejecución de apenas dos días, y otro contrato por cero pesos con vigencia hasta 2028. Los 19 expedientes remitidos a la Contraloría suman más de 100.164 millones de pesos, aunque la Cancillería aclaró que este valor no demuestra por sí solo un detrimento patrimonial, sino que estos casos serán verificados por el ente de control.
«Siguen saliendo a la luz los contratos innecesarios y las corbatas del Gobierno Petro en la Cancillería. Se detectaron posibles irregularidades en contratos por más de $100.000 millones, mientras el país enfrenta un enorme hueco fiscal»
Cancillería de Colombia
Las autoridades subrayaron que los involucrados podrán presentar explicaciones y ejercer su derecho de defensa durante las verificaciones de la Contraloría. La Cancillería continuará con la revisión documental y advirtió que remitirá los expedientes sustentados a la Procuraduría y la Fiscalía según corresponda, lo que podría derivar en hallazgos fiscales, disciplinarios o acciones penales. Como parte de las medidas correctivas, el gobierno propuso una Ley de Rescate para reducir en 50% el gasto en contratos de prestación de servicios y cerrar el creciente «hueco fiscal» que enfrenta el país.
