La Contraloría General de la República reveló que en Colombia existen 1.970 proyectos clasificados como “elefantes blancos”, es decir, obras inconclusas o en estado crítico, que comprometen recursos públicos por $67,07 billones. El informe, que abarca el balance ejecutivo entre el 1 de septiembre de 2022 y el 6 de julio de 2026, fue elaborado en el marco de la estrategia de control “Salvando Obras”, creada en 2023 para recuperar proyectos paralizados. De acuerdo con el ente de control, la situación afecta a diversas regiones del país, incluyendo Suba, Soledad, Miraflores, Chocó, Piojó, Bahía Solano, Magüí Payán, Cumaribo y La Primavera, donde se concentran algunas de las obras más emblemáticas y problemáticas.
El informe detalla que, de ese total, 536 obras fueron culminadas entre septiembre de 2022 y julio de 2026, con una inversión de $9,22 billones, mientras que 242 proyectos heredados de administraciones anteriores lograron entregarse por $2,57 billones. Sin embargo, la cifra más alarmante es la de los 1.029 proyectos que presentan problemas de ejecución, con recursos comprometidos por $54,17 billones. De estos, 134 fueron catalogados como irrecuperables, con pérdidas que ascienden a $627.079 millones. Las causas identificadas por la Contraloría incluyen fallas en la planeación, como estudios incompletos y errores de diseño, incumplimientos de contratistas, suspensiones de obras, retrasos en el flujo de recursos y la acumulación de obra inconclusa de distintos gobiernos.
Proyectos emblemáticos del gobierno Petro entre los más críticos
Uno de los casos más preocupantes es el del Multicampus Universitario de Suba, en Bogotá, donde la infraestructura definitiva aún no ha iniciado su construcción. Según denunció el concejal Fabián Puentes, del Partido MIRA, el proyecto arrancó actividades con módulos temporales, pero “aún no existe contratación definitiva ni del ejecutor principal de la obra ni de la interventoría”, según citó El Colombiano del Ministerio de Educación. La estructuración del proyecto se extendería hasta diciembre de 2026. Otro caso crítico es la Universidad del Atlántico en Soledad, donde a pesar de que el ministro de Educación, Daniel Rojas, aseguró en enero de 2025 que “iniciaba oficialmente la construcción”, el avance físico reportado es apenas del 8 %, mientras que los recursos comprometidos superan los $44.000 millones de una inversión total de $47.000 millones.
En el sector salud, la situación es igualmente grave. El Hospital Albert Schweitzer de Miraflores, cuyo contrato asciende a $29.163 millones, recibió un anticipo de $8.749 millones, equivalente al 30 % del total, pero no se han observado estructuras visibles en el lugar, y la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria. Por su parte, el proyecto de salud mental en Chocó recibió $10.640 millones girados en diciembre de 2022, pero esos recursos estuvieron sin ejecutar por más de un año; actualmente el avance es de aproximadamente el 40 %, con una entrega prevista para diciembre de 2025, aunque ya se reportan sobrecostos por inflación. El Hospital San Juan de Dios también figura en el informe, con solo el edificio de Mantenimiento terminado, mientras que la Torre Central se encuentra en estudios y el Instituto Materno Infantil presenta retrasos, a pesar de que el costo anual de su personal asciende a $200.000 millones, con 1.686 trabajadores vinculados.
Infraestructura y reconstrucción: promesas incumplidas
La reconstrucción del municipio de Piojó, en el Atlántico, es otro ejemplo de fallas en la planeación. Se adquirió un lote por $1.200 millones, pero el proyecto no se ejecutó debido a que el terreno quedó demasiado lejano del casco urbano. En el ámbito aeroportuario, cuatro aeropuertos administrados por Asaes, que recibieron $363.763 millones, de los cuales ya se desembolsó aproximadamente el 60 %, presentan avances mínimos: Cumaribo tiene un 18,4 % de ejecución, La Primavera un 15,3 %, Bahía Solano un 5,5 % y Magüí Payán un 0 %, lo que ha generado denuncias de presuntos sobrecostos.
El senador electo Luis Carlos Rúa, conocido como “El Elefante Blanco”, señaló que “lo que pasa es que los elefantes blancos no son una coincidencia, son un modelo de negocio”, en referencia a la repetición de este tipo de situaciones en distintos niveles de gobierno. Ante este panorama, la Contraloría informó que ha puesto en marcha 733 proyectos de control fiscal participativo, mientras que 296 están bajo vigilancia fiscal ordinaria, en un intento por recuperar los recursos y finalizar las obras que siguen paralizadas, afectando servicios esenciales como salud, educación, vivienda e infraestructura en todo el país.
